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Desde la Defensoria del pueblo de la ciudad de buenos aires


Por Antonio Brailovsky <[email protected]>

Queridos amigos:

Queremos expresarles nuestra preocupación ante los proyectos de seguir transfiriendo tierras públicas del Estado Nacional a la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. Como se sabe, esta Corporación ha sido creada para vender inmuebles del Estado sin pasar por los mecanismos de control que fijan las leyes. Es una empresa del Estado, aunque con normas de empresa privada y sus dueños son el Gobierno Nacdional y el de la Ciudad de Buenos Aires.

Los partidarios de la Corporación dicen que su estructura permite un funcionamiento eficiente y desburocratizado y que eso ha ayudado a desarrollar la urbanización más importante del mundo (medida en metros cuadrados edificados). Sus opositores, en cambio, afirman que se han vendido bienes que forman parte del patrimonio común de los argentinos a precios muy bajos a los amigos del poder político de turno. Estamos hablando, por supuesto, de muchos millones de dólares.

Si esta acusación se revelara como cierta, estaríamos ante uno de los casos de corrupción más graves de toda la historia argentina. Pero, ¿es cierta o están exagerando? ¿Cuál es la verdad?

No lo sabemos. Sucede que la información es insuficiente. Por ejemplo, Puerto Madero ha recibido tierras para vender que valían muchos millones de dólares. ¿Qué hizo con el dinero? ¿Qué parte de ese dinero volvió al Estado Nacional o al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ser redistribuído en obras para la sociedad? ¿Se gastaron toda esa plata es hacer un par de plazas o quedó algo para el resto de la sociedad? ¿Y cuánto quedó?

¿No sería buena idea ver los balances, que dicen que son difíciles de conseguir? ¿No sería útil que la Legislatura de la Ciudad y la Auditoría vieran la lista de inmuebles, a qué precios fueron vendidos, a quién los vendieron y si se hicieron licitaciones o adjudicaciones directas? ¿Por qué una porción muy importante del espectro político no tiene curiosidad por saber cómo funciona Puerto Madero?

Pero además está el tema del uso de las tierras asignadas. Hasta ahora, el objeto de todo lo que se hizo en Puerto Madero ha sido ganar dinero. Edificios de oficinas, restaurantes, hoteles, amarraderos de yates, vivienda de altos ingresos, son ejemplos de este objetivo. Hay un pequeño sector de la sociedad que ha ganado mucho dinero con Puerto Madero. ¿Esto es lo que la sociedad quiere que se haga con sus bienes, o quiere otra cosa?

Desde nuevos espacios verdes, hasta viviendas de tipo social, pasando por la ampliación del Puerto de Buenos Aires, hay muchas alternativas posibles para hacer con las demás tierras urbanas que tiene el Gobierno Nacional y que ya no utiliza. Y que en la Ciudad de Buenos Aires son unas mil hectáreas.

Ya se ha anunciado el traspaso de Isla Demarchi, una zona del Puerto de Buenos Aires donde en tiempos mejores que los nuestros se construyeron barcos para nuestra marina mercante. También se menciona a la reserva Ecológica Costanera Sur, sobre la cual existen proyectos para desactivarla como reserva e integrarla a los proyectos comerciales de Puerto Madero (clubes, canchas de tenis, marinas, etc.).

Si esas tierras se transfieren a Puerto Madero, está claro que vamos a tener más torres, del tipo de esa pesadilla de 50 pisos que se ve frente a la reserva Ecológica. Si tenemos otra aspiración para las tierras públicas, tenemos que reclamar que las tierras no se transfieran Puerto Madero sino a la Ciudad de Buenos Aires, tal como marca su Constitución. Y que el destino de esas tierras se defina mediante mecanismos de planeamiento urbano con participación ciudadana y no a través de operaciones vinculadas al negocio inmobiliario.

En esta primera entrega ustedes reciben la desgrabación de nuestro programa radial "Ésta, nuestra única Tierra", en la que analizamos todas las implicancias de esta proyectada cesión de tierras. En la próxima entrega vamos a enviarles el texto de un anteproyecto de Ley sobre el tema, para ser impulsado por iniciativa popular.

Un gran abrazo a todos.

Antonio Elio Brailovsky
Defensor del Pueblo Adjunto
de la Ciudad de Buenos Aires
Trabajadores construyendo una draga en Isla Demarchi, 1918Programa „Ésta, nuestra única Tierra‰
FM Patricios 95.5

Lic. Antonio Elio Brailovsky: El tema de hoy es qué pasa con la tierra pública. En el colegio, hace algunos años, uno estudió el proceso de regalo, de privatización de tierras públicas argentinas desde la Revolución de Mayo, desde la época en que Rivadavia repartió las tierras de la provincia de Buenos Aires a sus amigos políticos, después vinieron los federales y Rosas repartió la provincia de Buenos Aires a sus amigos políticos. Después fue la conquista del desierto y la provincia de Buenos Aires ya estaba toda regalada a los amigos políticos y entonces el General Roca repartió la Patagonia entre sus amigos políticos. Y una vez que las tierras se acabaron y ya nadie quería que le regalaran la Antártida empezó todo un proceso parecido de regalo de las tierras públicas urbanas, que son las más caras del país. Hubo algunos fenómenos de corrupción declarada, como en un caso en el que se vendieron plazas de la Ciudad de Buenos Aires y hubo otros casos de mecanismos oscuros.

En la década anterior se inventó un organismo, una empresa estatal con régimen de empresa privada, al que se le encomendó vender tierras del Estado en la Ciudad de Buenos Aires. La empresa se llama Corporación Puerto Madero S.A. Es mitad del Gobierno Nacional y mitad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En estos años ha vendido una cantidad impresionante de tierras en la zona de lo que fue el viejo puerto de la Ciudad �Pueto Madero- y ha dado origen a un formidable negocio inmobiliario, al punto tal que un ex Secretario de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires definía a Puerto Madero como el proceso de urbanización más grande del mundo, al menos medido en la cantidad de metros cuadrados construidos. ¿Qué pasó con la plata? Estas tierras eran nuestras, le encomendamos que las vendiera a una corporación, esa corporación se las vendió a alguien, sospechamos que a los amigos políticos de alguien y esa corporación debía haber entregado el dinero al Estado, una parte para el Gobierno Nacional y otra al de la Ciudad. Ese dinero, muchos millones de dólares, en ningún momento se vio dónde estaba. Y en el momento en que ese gigantesco operativo terminó, aparece un convenio entre el Presidente de la Nación y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para transferir una cantidad de tierras que son del Gobierno Nacional a la Corporación Puerto Madero, el mismo organismo que vendió millones de dólares en tierras y todavía no rindió cuentas sobre qué hizo con esas tierras que vendió.

La pregunta es si entregarle las tierras a la Corporación Puerto Madero para que las venda quizás a los amigos de siempre, a los amigos del poder de turno, es una buena decisión urbanística. Si eso es lo que le conviene a la Ciudad, si es lo que le conviene a todos o si nos conviene aplicar los mecanismos constitucionales de la Ciudad de Buenos Aires para un planeamiento urbano participativo y que sea la sociedad la que decida cuánto de esto va a ser negocio para algunos amigos de alguien o cuánto de esto va a ser espacios verdes, viviendas sociales o equipamiento de uso público, que es el que la Ciudad necesita.

Lic. Gabriela Cerioli: Recordemos que en 1989, a través del decreto 1279, se transfirió en propiedad a la Corporación Puerto Madero las tierras ubicadas entre Av. Córdoba y la calle Brasil, limitadas por Av. Madero e Ing. Huergo. De esta manera se transgredían las facultades que tanto la Constitución Nacional como la de la Ciudad le otorgaban al Poder Legislativo. Hoy se repite la situación ya que por medio del decreto 2384 del año pasado se anuncia la entrega del resto de la costa, incluida la Isla Demarchi a la misma Corporación.

¿Nos quedamos sin costa, sin puerto? ¿En qué situación queda la Reserva Ecológica? ¿Qué rendición de cuentas hizo la Corporación Puerto Madero a las autoridades gubernamentales de los fondos provenientes de las operaciones inmobiliarias ya realizadas? Hay muchas preguntas. Hoy nos visitan la Lic. Nélida Harracá y la Ing. Rosario Pereira para ayudarnos a plantearlas y resolverlas. Ezequiel Brailovsky entrevistó, por otra parte, al abogado Arturo Ravina, miembro del Foro Argentina de Transporte, y a la Defensora del Pueblo Adjunta de la Nación para Medio Ambiente, la Dra. Norma Bevilacqua. Es un programa que instala la polémica y abre el debate.

Conforme a un informe de Argenmedios, „el Gobierno Nacional, a través del Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE), comenzaría a desprenderse de sus bienes muebles e inmuebles, lo cual implicaría una operación del orden los 1.800 millones dólares. Lic. Harracá, ¿no es una forma arbitraria de disponer de los bienes del pueblo?

Lic. Nélida Harracá: Sí, realmente, esto contradice la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. El artículo 75 de la Constitución Nacional habla de todas las competencias del Congreso de la Nación. En uno de sus puntos dice: „corresponde al Congreso disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional‰. Es claro. Por otro lado, yendo al caso puntual de esta posible transferencia de tierras a la Corporación Puerto Madero, esta Corporación se crea en 1989, cuando la Ciudad no era autónoma. Hoy en día la Ciudad tiene otro régimen jurídico, tiene una Constitución propia en la que hay elementos muy claros en cuanto a las obligaciones que tiene la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires respecto a las tierras públicas o a los inmuebles públicos.

Lic. Gabriela Cerioli: ¿Cuáles son esas atribuciones?

Lic. Nélida Harracá: Por ejemplo, en el artículo 82 se dice que la Legislatura, contando con la mayoría de los dos tercios del total de los diputados, "Aprueba transacciones, dispone la desafectación del dominio público y la disposición de bienes inmuebles de la Ciudad."
Esto significa una restricción muy grande respecto de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Hay una decisión de 40 diputados que tienen que ponerse de acuerdo. Una venta directa no la puede decidir una sociedad anónima por más estatal que sea. Es un mandato constitucional. No se puede enajenar un inmueble de la ciudad si no es con los dos tercios de los diputados.

Lic. Gabriela Cerioli: Parece ser que la ciudadanía es más consciente de esto que los legisladores o el propio Poder Ejecutivo. Hay muchas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y otras entidades que se están reuniendo para tratar el tema.

Lic. Nélida Harracá: Sí, a partir de distintas convocatorias se empezó a generar una coordinadora de organizaciones sociales que está impulsando una serie de medidas en este sentido. En principio, el lunes 3 de marzo se convocó en el Colegio Nacional de Buenos Aires a los diputados porteños para hablar sobre este tema, para consultarlos y ver qué opinan, para ver cómo pueden participar para frenar esta transferencia hecha en estas condiciones. Ya hay varios proyectos de pedidos de informes al Ejecutivo de la Ciudad que parten desde los legisladores haciendo algunas preguntas. Por otra parte, el jueves 6 de marzo se hizo una marcha hacia la propia Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. para decirles que no estamos de acuerdo con todo esto.

Lic. Gabriela Cerioli: Ezequiel Brailovsky entrevistó al Dr. Arturo Ravina, miembro del Foro Argentina.

Ezequiel Brailovsky: ¿Qué dice la Constitución con relación a las tierras públicas?

Dr. Arturo Ravina: Pertenecen al dominio público de la Nación o de la Ciudad de Buenos Aires. Estas tierras no son de libre disponibilidad. La Constitución Nacional dice que es potestad del Congreso decidir su enajenación (artículo 75).

Ezequiel Brailovsky: ¿Qué sucede con las tierras de Puerto Madero?

Dr. Arturo Ravina: Con relación a las tierras portuarias existe una „duplicidad‰ de jurisdicción, porque el Puerto de Buenos Aires está en disputa, dado que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que las tierras y el puerto pertenecen al dominio público de la ciudad. Vale decir que estas tierras no son de libre disponibilidad por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Nación disputa sobre este tema. En este plano de discusión entre la Nación y la Ciudad aparece la posibilidad de que estas tierras pasen a una corporación privada. Ese es el motivo por el cual hay preocupación de que estas tierras desaparezcan tanto para la Ciudad como para la Nación y vayan a parar al sector privado de una manera que no es satisfactoria para el interés general.

Ezequiel Brailovsky: ¿La Corporación Puerto Madero puede vender las tierras si le son transferidas?

Dr. Arturo Ravina: Las tierras no pueden pasar a una corporación privada. Para poder hacerlo, el Gobierno tiene que dictar una ley nacional. Y lo mismo cabe en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que no puede haber disponibilidad de tierras por decreto. Es absolutamente irregular. Por eso las ONGs que trabajan en este tema en contra de esa posibilidad lo destacan permanentemente.

Ezequiel Brailovsky: ¿Cree que el decreto 2384/02 no es constitucional?

Dr. Arturo Ravina: Todavía no hay concretamente una decisión de traspaso, sino la creación de una Comisión que determine los pasos a dar a efectos de hacer ese traspaso. El camino hacia el traspaso es una posibilidad. Sabemos que detrás de esa opción existe un negocio inmobiliario ajeno al interés de la Ciudad.

Ezequiel Brailovsky: ¿De qué manera se puede frenar en la Justicia esa posibilidad?

Dr. Arturo Ravina: En primer lugar, las tierras públicas que pasan a la Corporación Puerto Madero son tierras que van a estar muy poco tiempo en manos de la Corporación, que después las va a vender. Allí aparece el negocio inmobiliario y donde esto se hace al margen del interés urbanístico de la ciudad. Estamos trabajando y creemos que la Justicia puede perfectamente advertir esta situación, poner un límite a la acción de los gobernantes, en el sentido de no afectar el interés público e impedir que se haga este negociado como hubo en otras ocasiones, que no favorece a la ciudad y menos a la sociedad, es decir, a la gente.

Lic. Gabriela Cerioli: Ing. Pereira, ¿cómo califica el Código de Planeamiento Urbano el área de Puerto Madero?

Ing. Rosario Pereira: La definición actual de los distritos es UF, destinados a desarrollos urbanos integrales, que exigen un plan de conjunto previo en base a normas y programas especiales. En este sentido, en la iniciativa popular en la que está trabajando la Defensoría Adjunta uno de los artículos de este proyecto de ley tiene que ver con las audiencias públicas a futuro sobre los usos de esta tierra.

Con respecto a lo que ya dijeron, quiero reforzar tres cuestiones que me parecen centrales. Una se refiere a la Comisión que se crea a partir del Decreto 2384/02, que creo que es innecesaria e ilegítima, porque se forma para opinar sobre algo que ya está contemplado en el artículo 75 de la Constitución. Por otro lado, tenía que expedirse en 60 días, no sabemos si existe dictamen o no. Creo que es bueno tomar todas las herramientas legales que nos da tanto la Constitución Nacional como la de la Ciudad en todas las formas de participación. Pienso que vamos a necesitar legalizar lo legítimo, utilizar estas herramientas para una conquista destinada a la gente.

Con relación a la Reserva Ecológica, si bien no parece haber una incidencia directa, sí pensamos que va a haber consecuencias inmediatas si esta transferencia de tierras se hiciese de esta manera: la vulnerabilidad a la que estaría sometida respecto a presiones privadas, el vínculo entre la Reserva y la villa asentada en ella, hay un convenio entre la Corporación Puerto Madero y la Corporación del Sur donde se habla de su desalojo, también podría modificarse la eliminación de la necesaria zona de amortiguación entre la Reserva y la trama urbana. Esta indefinición en los usos podría modificar la naturaleza de los Reserva en cuanto a reserva. Otra cosa importante es la calidad del aire: la Reserva constituye un pulmón para la Ciudad por la dirección de los vientos, que si se constituye la barrera edilicia quedaría absolutamente disminuido. También decaería la calidad de aire de la Reserva y se perdería biodiversidad.

Lic. Gabriela Cerioli: Los invitamos a escuchar a la Dra. Norma Bevilacqua, defensora del Pueblo Adjunta de la Nación para Medio Ambiente.

Ezequiel Brailovsky: ¿Cómo interviene la Defensoría del Pueblo de la Nación en la transferencia de tierras de Puerto Madero?

Dra. Norma Bevilacqua: Esta cuestión tiene cierta vinculación con lo que en su momento fue todo el proyecto de la Ciudad Deportiva de Boca. En el caso de la Corporación Puerto Madero, son tierras que originariamente pertenecían al Puerto de la Ciudad de Buenos Aires y administraba la Administración General de Puertos (AGP), que era una sociedad del Estado, que según la vieja ley 20.705 �un decreto ley de la época de la dictadura- no podía ser transformada. En 1989 con el dictado de la Ley de Reforma del Estado se delega en el Poder Ejecutivo Nacional amplísimas facultades para llevar a cabo esa reforma de las instituciones. En este marco, la AGP se escinde y se constituye la Corporación Puerto Madero con las tierras del puerto. La Corporación Antiguo Puerto Madero se constituye como una sociedad anónima del tipo común, que está regida por el derecho privado comercial y no tiene las restricciones que tienen las otras sociedades del Estado, con la intención evidente de liberarla de todos los controles que tiene el derecho público. No obstante lo cual, cuando el Estado elige este tipo de figuras, que son las que tienen menor tipo de control o menor injerencia del Estado en su funcionamiento, el Estado no se desprende nunca de su condición de poder público y estas sociedades quedan sometidas al control de la Sindicatura y al control de las Auditorías Generales tanto de la Nación como de la Ciudad.

Lic. Gabriela Cerioli: Nélida ¿en qué consiste el proyecto de ley por iniciativa popular?

Lic. Nélida Harracá: La iniciativa popular es una herrmienta institucional de participación. Los vecinos redactan un proyecto de ley y empiezan a juntar firmas. Hay que juntar el 3 por ciento del padrón. Luego presentan el proyecto en la Legislatura. En este momento estamos empezando a diseñar ese proyecto para poner en movimiento esta herramisnta, a partir de la cual se ponen en juego muchas cuestiones que tienen que ver con la participación, la concientización de la gente, con la discusión que se da en las mesas donde uno coloca las planillas para firmar, lo que claramente va produciendo un efecto multiplicador. Hay un primer borrador del texto del proyecto de ley donde hacemos hincapié, en el primer artículo, en que todos aquellos bienes inmuebles que sean transferidos al dominio de la Ciudad deben incorporatse en carácter de bienes del dominio público y administrados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con la aprobación de esta ley quedaría salvado el tema del traspaso a manos de cualquier organización como paso intermedio para la privatización.

Lic. Gabriela Cerioli: Como es en este caso la Corporación Puerto Madero.

Lic. Nélida Harracá: Así es. Esto está empezando a discutirse. La idea del proyecto es reafirmar el respeto por todas las instancias de participación, las audiencias públicas, la doble lectura de las modificaciones que haya que hacerle al Códigode Planeamiento Urbano, la Constitutción de la Ciudad.

Lic. Gabriela Cerioli: ¿Cómo hacen los ciudadanos para enterarse cuándo y dónde se reúnen para discutir el proyecto de ley?

Lic. Nélida Harracá: Se pueden acercar a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires o mandarnos un mail a [email protected] , nosotros los incorporamos a nuestro listado y les vamos a mandar este primer borrador para que puedan hacer todo tipo de aportes, comentarios y modificaciones a este proyecto.

Lic. Gabriela Cerioli: Agradecemos la presencia de ambas. Escuchamos a continuación a Antonio Brailovsky.

Lic. Antonio Elio Brailovsky: Hace un rato llamaba un oyente y preguntaba qué tiene de malo esto de privatizar tierras. ¿No sería bueno que con la desocupación que hay, que demos algunas tierras para que construyan edificios y se le dé trabajo a la gente? Queremos aclarar que lo importante es que no se privatice la decisión sobre qué hacer con las tierras, el entregar estas tierras a una corporación que funciona como una empresa privada significa privatizar la decisión, que la decisión la tome el interés económico. La decisión debe tomarse en función del interés público, con participación ciudadana, con debates entre los vecinos, con discusiones en los Centros de Gestión y Participación, con audiencias públicas y a partir de un mecanismo democrático se debe decidir si algunas de estas tierras se transfieren para vender, a quién, de qué manera y a qué precio y qué se hace con las demás, si espacios verdes, vivienda social, ampliación del Puerto o lo que fuera. Me parece que lo que falta aquí es transparencia. Estas son cosas que se hacen en una ciudad y la ciudad es de todos. Estamos en Venezuela 842 - 3� Piso, Tel.: 4338-4900, internos 7538; 7544; 7545 y 7547

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