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Fue aprobada la ley antisecuestros
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Medidas para frenar la delincuencia: modificación de cuatro artículos del Código Penal
Fue aprobada la ley antisecuestros


La norma sancionada por el Congreso aumenta las penas para algunos casos de secuestros y crea la figura del "arrepentido"
* La iniciativa es parte de un paquete enviado al Congreso por Duhalde el año último
* Aval de Diputados a un programa de protección a testigos y a un fondo de recompensas
El Congreso de la Nación convirtió ayer en ley una serie de modificaciones al Código Penal, que endurece las penas para ciertos casos de secuestros extorsivos y crea la figura del "arrepentido" para facilitar el esclarecimiento de esos delitos.


La medida, aprobada la semana última por la Cámara de Diputados, fue sancionada sobre tablas por los senadores en una sesión que contó con la presencia de 42 de los 71 legisladores.
Casi al mismo tiempo, la Cámara baja aprobó ayer otros dos proyectos antisecuestros que proponen la creación de un programa nacional de protección a testigos e imputados y de un fondo de recompensa permanente para obtener informaciones útiles en este tipo de delitos. Las dos iniciativas deberán ahora ser tratadas por el Senado.
Junto con un proyecto que introduce modificaciones en el Código Procesal Penal, las iniciativas son parte de un paquete de proyectos antisecuestros elaborado por una comisión de juristas convocada por el ex presidente Eduardo Duhalde en octubre del ano último y presidida por el ex ministro de Justicia León Arslanian. Surgido como respuesta ante el crecimiento de esta práctica delictiva desde fines de 2001, el presidente Néstor Kirchner impulsa su aprobación.
La ley sancionada ayer por el Senado modifica los cuatro artículos del Código Penal. Los cambios introducidos en el artículo 23 permiten "el decomiso de los bienes muebles o inmuebles donde se mantuviera a la víctima privada de su libertad" y destina los recursos obtenidos a un programa de asistencia a las víctimas.
En el artículo 41 se crea la figura del "arrepentido", por lo que se reducen las penas para los partícipes o encubridores de un secuestro que proporcionen información que permita conocer el lugar de cautiverio de la víctima, la identidad de otros delincuentes o cualquier otro dato que favorezca el esclarecimiento del caso.
En esas circunstancias, las penas pasan a ser de un tercio del máximo y de la mitad del mínimo previsto para esos delitos. Es decir que si el castigo original era de 5 a 15 años de prisión, se reduce a entre 2 y medio y cinco años. Este beneficio sólo alcanza a quienes tengan una responsabilidad penal inferior respecto de las personas a las que delatasen.
En el artículo 142 bis, que castiga "al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de agravar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad", amplía los agravantes que aumentan la pena, que es de 5 a 15 años, en situaciones normales.
A partir de ahora, la pena será de 10 a 25 años de prisión o reclusión si: la víctima del secuestro fuese una embarazada, un menor de 18 años, un mayor de 70, un pariente ascendente, hermano o cónyuge de uno de los secuestradores, una pesona discapacitada o enferma, un funcionario público o un miembro o ex miembro de una fuerza de seguridad o servicio de inteligencia, y cuando el secuestro fuera realizado por tres o más personas.
La muerte accidental de la víctima también aumenta la pena a entre 15 y 25 años de prisión, en tanto que el asesinato intencional del secuestrado prevé penas de prisión a reclusión perpetua.
El último artículo modificado es el 170, que castiga al que "sustrajere, retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate" y prevé los mismas penas y agravantes que el artículo 142 bis. De esta forma, se unifica el castigo para los secuestros que persiguen una acción determinada del secuestrado y para aquellos delitos que buscan un rescate.
"La gente demanda seguridad y es deber de este Congreso dársela. No podemos pedirle a la gente que se desarme si antes no le brindamos seguridad", sostuvo el senador radical Jorge Agúndez, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
El único senador que durante el debate se opuso a la sanción del proyecto fue el justicialista Jorge Yoma. Entre otras cosas, el legislador riojano cuestionó que la norma no prevea el aumento de penas para quien secuestrara a un hijo. "Un proyecto de este tipo no puede votarse sobre tablas. Podemos hacerle modificaciones, podemos mejorarlo en las comisiones y aprobarlo la semana que viene", propuso.
Su comprovinciano Eduardo Menem se encargó de la réplica. "Lo mejor es enemigo de lo bueno y creo que esta vez debemos acercarnos a lo bueno. Por introducir cambios a veces pasan meses y meses, y éste es un tema muy requerido por la sociedad", señaló.
La discusión entre los senadores continuará la semana próxima, dado que deberán decidir -en el recinto o en las comisiones- la suerte de las iniciativas que ayer avalaron los diputados.
Uno de ellas crea un programa de protección de testigos que se encontraran en una situación de peligro. El proyecto que establece un fondo permanente de recompensas se elaboró para esclarecer los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel.