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LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES OTRA VEZ
HACIENDO LO QUE MAS SABEN DISCRIMINAR ver mamaracho de código contravencional

Con la firma de su presidente Eduardo Joly y su secretario Dardo López, la
Red por los Derechos de las Personas con Discpacidad (REDI) acusan a los
legisladores que trabajaron el tema en ponerse de acuerdo con funcionarios
del Ejecutivo porteño. Al respecto emitieron una carta que se reproduce textualmente

Es importante destacar que con el tema de Mirta Onega los legisladores están discriminando a las minorías (prostitutas, vendedores ambulantes,) es decir se hacen los pelotudos con los problemas más sensibles, eso si, en las presentaciones donde hay para comer y tomar vino y empanadas no falta ningún legislador. Podriamos seguir con una lista finita de mamarrachadas legislativas, pero como muestra solo hace falta un discriminador (la legislatura).

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NOTICIAS URBANAS - SERVICIO INFORMATIVO "AHORA" 21/10/04
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SE APROBÓ LA LEY DE DISCAPACIDAD
Pese a la polémica que se había generado en torno a este tema, la Legislatura
porteña aprobó por unanimidad una ley que regula la incorporación de personas
con necesidades especiales a la administración pública de la Ciudad. El cupo no
podrá ser inferior al cinco por ciento establecido en la Constitución
Por Alejandra Lazo
Este jueves la Legislatura porteña sancionó por unanimidad una ley para regular
la incorporación de personas con necesidades especiales al Sector Público de la
Ciudad de Buenos Aires.
Ocurre que la Constitución de la Ciudad, en su artículo 43, establece que se
debe garantizar a los discapacitados un cupo de al menos un cinco por ciento en
la administración pública, pero aún no estaba regulado el procedimiento.
La iniciativa aprobada este jueves se basa en diferentes proyectos presentados
por los diputados Ricardo Busacca, Sandra Bergenfeld (Juntos por Buenos Aires),
Alicia Bello (Compromiso para el Cambio), Juan Manuel Velasco (Espacio Plural)
y Mónica Bianchi (Autonomía Popular).
En las semanas previas a su llegada al recinto, la iniciativa fue respaldada
por unos y criticada por otros. Incluso se produjeron unas declaraciones
cruzadas entre los diputados Busacca y Bianchi, quienes debatieron sobre
la "autoridad moral" que tenían los integrantes de la Comisión de Legislación
General y de Trabajo para opinar en la materia. También la Red por los Derechos
de las Personas con Discapacidad (REDI) manifestó su desacuerdo con el proyecto
consensuado. El motivo de la discusión era si el cupo mínimo del cinco por
ciento debía incluir sólo a los empleados de planta permanente o también a las
otras modalidades, como la planta transitoria o los contratados.
Finalmente, se acordó que la incorporación de personas con necesidades
especiales será obligatoria cuando se deban cubrir cargos de planta permanente
en el Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires.
El Sector Público comprende a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
las comunas, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos
de la seguridad social, las empresas y sociedades del Estado, sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y
todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad
tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las
decisiones societarias y las entidades.
En el caso de las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria,
sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones
empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en
el capital o en la formación de las decisiones societarias y las entidades, el
cupo mínimo del cinco por ciento para las personas con necesidades especiales
deberá cumplirse respecto de la participación que la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tenga en ellas.
En todo contrato de concesión de servicios, de transferencia de actividades del
Estado al sector privado, o de renovación o modificación de los vigentes se
deberán establecer cláusulas que dispongan el cumplimiento y modalidad de
control de aplicación de la ley.
Durante el debate, la diputada Alicia Bello señaló: "Si bien mi proyecto
incluía a todas las modalidades de contratación, entiendo que se llegó a un
acuerdo en otro sentido. Si esto hace que verdaderamente se cumpla con esta
disposición de la Constitución y se logre así la estabilidad laboral para las
personas con necesidades especiales, yo voy a apoyar la norma".
Por su parte, el diputado Martín Borrelli (Compromiso para el Cambio),
presidente de la Comisión de Legislación General y de Trabajo,
explicó: "Nosotros prevemos que esta incorporación se haga a partir de la
apertura de los concursos que se han anunciado para el año que viene, algunos
en el Poder Ejecutivo, muchos otros en el Poder Judicial, porque está prevista
la creación de varios juzgados. De todas maneras, hemos aprobado una cláusula
transitoria que establece que hasta tanto no haya concursos estas vacantes se
vayan cubriendo en las locaciones de servicios, pasantías y otras modalidades".
La importancia de esta cláusula transitoria también fue destacada por el
diputado Norberto La Porta.
La incorporación de personas con necesidades especiales deberá ser gradual y
progresiva para cubrir el cupo mínimo del cinco por ciento, calculado sobre la
base de la totalidad del personal que al momento de la sanción de la ley
revistiera en la planta permanente de cada una de las jurisdicciones y
entidades mencionadas. Dicha incorporación deberá efectuarse en el plazo máximo
e improrrogable de cinco años a partir de la sanción de la norma. Para eso,
deberá incorporarse al menos un dos por ciento en los dos primeros años.
La Comisión para la Plena Participación e Integración de las Personas con
Necesidades Especiales (COPINE) -cuyo presidente, Antonio Cóppola, estaba
presente en el recinto- elaborará los planes y políticas tendientes a la
ubicación, capacitación, adaptación laboral y accesibilidad al puesto de
trabajo de personas con necesidades especiales, a los fines de una apropiada
utilización del potencial humano y de los recursos físicos y pecuniarios.
Por otra parte, la COPINE redactará un registro de personas con necesidades
especiales que aspiren a obtener un empleo en las jurisdicciones y entidades
enunciadas, con el objeto de facilitar su incorporación en los plazos y
condiciones establecidos en la ley. El Registro de Aspirantes contendrá, como
mínimo, la siguiente información: datos personales; constancia del certificado
de discapacidad emitido por autoridad competente, estudios y antecedentes
laborales.
Borrelli agregó: "La sanción de esta norma es una satisfacción muy grande. Me
tocó conducir este proceso pero si no hubiera sido por el aporte de los demás
diputados esto no hubiera podido salir adelante. De hecho la votación por
unanimidad está reflejando que esta era una vocación y una voluntad de todo el
Cuerpo. Hemos dado un paso muy importante a nivel institucional para recuperar
para estas personas la dignidad y el trabajo que tanto necesitan".
En el mismo sentido, Busacca sostuvo: "Nosotros creíamos que había diferencias
semánticas y formales pero que el espíritu era incorporar un piso no inferior
al cinco por ciento en la administración pública. Por suerte, vimos que salió
por unanimidad y para eso estuvimos trabajando en el recinto a fin de pulir
esos detalles. Lo más importante es que hemos cumplido con este sector que
tiene dificultades, que siempre ha sido postergado y que, en última instancia,
es gente que tiene una incapacidad pero ningún otro tipo de dificultad para
integrarse al mundo laboral dentro de sus posibilidades".


Barrio de Palermo 4/10/2004

La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad -REDI- viene a
manifestar el más absoluto repudio hacia el tratamiento legislativo del
Expediente N� 941-D-2003, que pretende reglamentar el art. 43 de la
Constitución de esta Ciudad, respecto al cumplimiento del cupo laboral
reservado para personas con necesidades especiales.
El citado proyecto de ley, consensuado por quienes ejercen sus funciones de
legislador en connivencia con las autoridades del Poder Ejecutivo que
siempre ha soslayado la temática, es injurioso para el sector al que
pertenecemos, contrario a todas las normas internacionales suscriptas por
nuestro país y muestra a las claras cómo se vulneran los preceptos
constitucionales que ese cuerpo deliberativo debería atender principalmente.
Habiendo tomado conocimiento de la intención de que dicho proyecto sea
votado en sesión de fecha 7 de octubre de 2004, sólo nos resta recordar al
resto de los legisladores la esencia de su mandato, como es la de
representar los intereses de quienes los han erigido en autoridades.
Recordar, asimismo, que el mandato constitucional que ordena asegurar un
cupo mínimo del cinco por ciento (5%) dentro del personal de la
Administración Pública local y de las Empresas a las que el Poder Ejecutivo
concesiona servicios del sector público, tiene como antecedente la Ley
nacional n� 22.431, actualmente modificada por Ley n� 25.689, que imponía la
reserva de un cupo del 4% en la ex Municipalidad de la Ciudad, y que fue
sistemáticamente incumplido por todas las autoridades de turno, desde 1981.
Las sucesivas crisis económicas, los reiterados congelamientos de vacantes,
la falta de censos a esos efectos sobre el personal de la Administración han
servido como pretextos para no dar cumplimiento a las normas citadas. Pero
sí han resultado un beneficio exclusivo para los clientes de los partidos
gobernantes y políticos acólitos que, lejos de sufrir las consecuencias
nefastas del modelo político-económico imperante -causa y efecto de aquellas
situaciones justificantes-, han sido beneficiados con contratos de empleo
bajo distintas modalidades. Esas designaciones llenan las páginas de los
Boletines Oficiales con el beneplácito de quienes deberían instar las
medidas de equiparación de oportunidades e igualdad de trato con que la
Constitución Nacional ha distinguido a los sectores vulnerables, entre los
que se encuentran las personas con discapacidad.
El proyecto de ley que se objeta, en su art. 1� se refiere sólo a planta
permanente, cuando se sabe que el congelamiento de vacantes torna la norma
de cumplimiento imposible. Toda norma debiera indefectiblemente garantizar
el cumplimiento del cupo laboral también para planta transitoria y toda
modalidad de contratación vigente. Argumentar que las personas con
discapacidad sólo merecen seguridad laboral es garantizar que jamás tendrán
acceso a empleo alguno, reforzando la equivalencia entre discapacidad y
desocupación.
Si bien nuestra organización el 23 de junio de 2003 manifestó su interés por
el Proyecto que se sustanciaba por Expediente N� 941-D-2003, inicialmente
presentado por el diputado Ricardo Busacca, dicho proyecto ha sido
absolutamente desvirtuado por la acción de los Diputados Mónica Bianchi,
Juan Manuel Velasco, Norberto La Porta, María Soledad Acuña, Álvaro González
y Martín Borrelli, quienes "negociaron" el texto con el Poder Ejecutivo.
Votar a favor del proyecto de marras sería consensuar la violación de uno de
los derechos humanos más elementales, como es el trabajo, y ser cómplice de
una actitud discriminatoria que nada tiene que ver con un sistema
democrático.
Votar a favor del proyecto mencionado es burlarse de todos aquellos que han
esperado pacientemente que su inscripción en el Registro de Aspirantes
creado por Decreto n� 3649/88 fuera respetado por las autoridades
competentes para definir su integración laboral.
Votar a favor del proyecto señalado es admitir la representación de las
autoridades ejecutivas -prueba de lo cual es la ausencia de objeciones por
parte de la Comisión para la Plena Integración de las Personas con
Necesidades Especiales (COPINE) en el Expediente referido-, en lugar de
representar los derechos constitucionalmente reconocidos a las personas con
discapacidad -llamadas en la Ciudad "con necesidades especiales" con la
intención de desdibujar la problemática concreta-.
Muchas acciones han realizado las personas con discapacidad en aras de
concienciar a los legisladores y a los funcionarios en general respecto al
tema que nos ocupa; mucho han trabajado, gratuitamente, los interesados
sobre distintos Proyectos de reglamentación del art. 43 de la
Constitucional, para que el 7 de octubre del corriente año, este simulacro
de integración sea votado impunemente.
En resumen, cada uno de los legisladores debería votar en contra del
Proyecto cuestionado, sencillamente porque es anticonstitucional,
antidemocrático, discriminatorio y violatorio de los derechos humanos de las
personas con discapacidad, lo que, sin dudas, de concretarse, dará lugar a
la pertinente acción declarativa de inconstitucionalidad.


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