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LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES OTRA VEZ
HACIENDO LO QUE MAS SABEN DISCRIMINAR ver mamaracho de código contravencional

Con la firma de su presidente Eduardo Joly y su secretario Dardo López, la
Red por los Derechos de las Personas con Discpacidad (REDI) acusan a los
legisladores que trabajaron el tema en ponerse de acuerdo con funcionarios
del Ejecutivo porteño. Al respecto emitieron una carta que se reproduce textualmente

Es importante destacar que con el tema de Mirta Onega los legisladores están discriminando a las minorías (prostitutas, vendedores ambulantes,) es decir se hacen los pelotudos con los problemas más sensibles, eso si, en las presentaciones donde hay para comer y tomar vino y empanadas no falta ningún legislador. Podriamos seguir con una lista finita de mamarrachadas legislativas, pero como muestra solo hace falta un discriminador (la legislatura).

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Barrio de Palermo 4/10/2004

La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad -REDI- viene a
manifestar el más absoluto repudio hacia el tratamiento legislativo del
Expediente N� 941-D-2003, que pretende reglamentar el art. 43 de la
Constitución de esta Ciudad, respecto al cumplimiento del cupo laboral
reservado para personas con necesidades especiales.
El citado proyecto de ley, consensuado por quienes ejercen sus funciones de
legislador en connivencia con las autoridades del Poder Ejecutivo que
siempre ha soslayado la temática, es injurioso para el sector al que
pertenecemos, contrario a todas las normas internacionales suscriptas por
nuestro país y muestra a las claras cómo se vulneran los preceptos
constitucionales que ese cuerpo deliberativo debería atender principalmente.
Habiendo tomado conocimiento de la intención de que dicho proyecto sea
votado en sesión de fecha 7 de octubre de 2004, sólo nos resta recordar al
resto de los legisladores la esencia de su mandato, como es la de
representar los intereses de quienes los han erigido en autoridades.
Recordar, asimismo, que el mandato constitucional que ordena asegurar un
cupo mínimo del cinco por ciento (5%) dentro del personal de la
Administración Pública local y de las Empresas a las que el Poder Ejecutivo
concesiona servicios del sector público, tiene como antecedente la Ley
nacional n� 22.431, actualmente modificada por Ley n� 25.689, que imponía la
reserva de un cupo del 4% en la ex Municipalidad de la Ciudad, y que fue
sistemáticamente incumplido por todas las autoridades de turno, desde 1981.
Las sucesivas crisis económicas, los reiterados congelamientos de vacantes,
la falta de censos a esos efectos sobre el personal de la Administración han
servido como pretextos para no dar cumplimiento a las normas citadas. Pero
sí han resultado un beneficio exclusivo para los clientes de los partidos
gobernantes y políticos acólitos que, lejos de sufrir las consecuencias
nefastas del modelo político-económico imperante -causa y efecto de aquellas
situaciones justificantes-, han sido beneficiados con contratos de empleo
bajo distintas modalidades. Esas designaciones llenan las páginas de los
Boletines Oficiales con el beneplácito de quienes deberían instar las
medidas de equiparación de oportunidades e igualdad de trato con que la
Constitución Nacional ha distinguido a los sectores vulnerables, entre los
que se encuentran las personas con discapacidad.
El proyecto de ley que se objeta, en su art. 1� se refiere sólo a planta
permanente, cuando se sabe que el congelamiento de vacantes torna la norma
de cumplimiento imposible. Toda norma debiera indefectiblemente garantizar
el cumplimiento del cupo laboral también para planta transitoria y toda
modalidad de contratación vigente. Argumentar que las personas con
discapacidad sólo merecen seguridad laboral es garantizar que jamás tendrán
acceso a empleo alguno, reforzando la equivalencia entre discapacidad y
desocupación.
Si bien nuestra organización el 23 de junio de 2003 manifestó su interés por
el Proyecto que se sustanciaba por Expediente N� 941-D-2003, inicialmente
presentado por el diputado Ricardo Busacca, dicho proyecto ha sido
absolutamente desvirtuado por la acción de los Diputados Mónica Bianchi,
Juan Manuel Velasco, Norberto La Porta, María Soledad Acuña, Álvaro González
y Martín Borrelli, quienes "negociaron" el texto con el Poder Ejecutivo.
Votar a favor del proyecto de marras sería consensuar la violación de uno de
los derechos humanos más elementales, como es el trabajo, y ser cómplice de
una actitud discriminatoria que nada tiene que ver con un sistema
democrático.
Votar a favor del proyecto mencionado es burlarse de todos aquellos que han
esperado pacientemente que su inscripción en el Registro de Aspirantes
creado por Decreto n� 3649/88 fuera respetado por las autoridades
competentes para definir su integración laboral.
Votar a favor del proyecto señalado es admitir la representación de las
autoridades ejecutivas -prueba de lo cual es la ausencia de objeciones por
parte de la Comisión para la Plena Integración de las Personas con
Necesidades Especiales (COPINE) en el Expediente referido-, en lugar de
representar los derechos constitucionalmente reconocidos a las personas con
discapacidad -llamadas en la Ciudad "con necesidades especiales" con la
intención de desdibujar la problemática concreta-.
Muchas acciones han realizado las personas con discapacidad en aras de
concienciar a los legisladores y a los funcionarios en general respecto al
tema que nos ocupa; mucho han trabajado, gratuitamente, los interesados
sobre distintos Proyectos de reglamentación del art. 43 de la
Constitucional, para que el 7 de octubre del corriente año, este simulacro
de integración sea votado impunemente.
En resumen, cada uno de los legisladores debería votar en contra del
Proyecto cuestionado, sencillamente porque es anticonstitucional,
antidemocrático, discriminatorio y violatorio de los derechos humanos de las
personas con discapacidad, lo que, sin dudas, de concretarse, dará lugar a
la pertinente acción declarativa de inconstitucionalidad.


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