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HACIA UNA POLÍTICA PENITENCIARIA MODERNA

La legisladora del Frente para la Victoria, Silvia La Ruffa, presentó tres
proyectos de ley tendientes a cambiar el funcionamiento de la política
penitenciaria. La diputada consideró que los cambios son fundamentales debido a
los últimos hechos de violencia y superpoblación que se registraron en
distintas cárceles del país

CREACION DEL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL

CREACION DE LA AGENCIA DE EJECUCIÓN PENAL Y CONTRAVENCIONAL

MARCO INTEGRAL DE POLITICA DE REINSERCION SOCIAL

 PROYECTO DE LEY

 

MARCO INTEGRAL DE POLITICA DE REINSERCION SOCIAL

 

 

Capítulo I

Disposiciones generales

 

Artículo 1º - La presente ley tiene por objeto establecer la ejecución de la medidas judiciales privativas y no privativas de la libertad y la adecuada inserción social de los procesados y condenados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su asistencia, tratamiento y supervisión especializada. Esto debe estar dirigido al fortalecimiento de la dignidad humana y al estímulo de actitudes solidarias inherentes a su condición de ser social, a partir de la satisfacción de sus necesidades y del desarrollo de sus potencialidades individuales.

 

Artículo 2º.- La asistencia de los procesados y el tratamiento y/o asistencia de los condenados a penas privativas o restrictivas de la libertad y/u otras medidas de seguridad, de tratamiento o de otro tipo dispuestas por autoridad judicial competente, como así la actividad y orientación post penitenciaria, se regirán por las disposiciones de esta ley.

 

Artículo 3º - La aplicación de esta ley estará a cargo del Juez competente y su ejecución será de competencia y responsabilidad de la Agencia de Ejecución Penal y Contravencional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de sus distintos organismos.

Se entiende por juez/a competente a los fines de esta ley, el magistrado a cuya disposición se encuentre el procesado, el/la condenado/a y el/la contraventor/a de acuerdo a las normas vigentes.

 

Artículo 4º - Regimenes de asistencia y/o tratamiento. El régimen de procesados, caracterizado por su retención física y su asistencia, se efectivizará a través de dos modalidades: atenuada y estricta. El régimen de condenados, caracterizado por la asistencia y/o el tratamiento, comprenderá los regimenes abierto, semi abierto y cerrado, los que serán de utilización alternativa y no necesariamente secuencial.

 

La asistencia de procesados y la asistencia y/o tratamiento de condenados se brindará mediante la implementación de programas específicos en las áreas: Convivencia, Educación, Cultura, Trabajo, Tiempo Libre y Asistencia Física- Psicosocial.

 

La instrumentación de los programas de asistencia y/o tratamiento, tenderá a reducir las diferencias que puedan existir entre la vida en prisión y la vida en libertad, procurando preservar o reforzar la continuidad de los vínculos familiares, educacionales y laborales. Con este fin podrá recurrirse, en lo posible, a la cooperación de instituciones de la comunidad y organismos estatales y privados nacionales o extranjeros.

 

Artículo 5º.- Derechos. Los procesados y condenados gozarán de los siguientes derechos, establecidos en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas.

 

1)      Atención y tratamiento integral para la salud;

2)      Convivencia en un medio que satisfaga condiciones de salubridad e higiene;

3)      Vestimenta apropiada que no deberá ser en modo alguno degradante o humillante;

4)      Alimentación que cuantitativa y cualitativamente sea suficiente para el mantenimiento de la salud;

5)      Comunicación con el exterior a través de:

-       Visitas de familiares y demás personas que establezca la reglamentación. Envío y recepción de correspondencia y comunicaciones telefónicas a su costa.

-       Lectura de diarios, revistas, libros y otros medios de información social permitidos. Las condiciones en que los procesados y condenados podrán participar en emisiones radiales, televisivas, conferencias y otros medios, deberán ser previamente establecidas por el Servicio de Reinserción Social y Cumplimiento Penitenciario y su participación expresamente autorizada por el/la Juez/a competente.

6)      Educación, trabajo, descanso y goce de tiempo libre;

7)      Ejercicio libre de culto religioso;

8)      Ilustración sobre las particularidades y reglas disciplinarias dentro del régimen en el que se lo ha incluido, para lo cual se le deberá informar amplia y personalmente, entregándosele una cartilla explicativa al momento de su ingreso a cada modalidad.

9)      Asesoramiento legal sobre cualquier procedimiento que resulte de la aplicación de la presente y que lo involucre.

10)   Peticionar, ante las autoridades del establecimiento, en debida forma.

 

El/la Juez/a competente garantizará el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos de quienes se encuentren bajo jurisdicción del Servicio de Reinserción Social (SRS) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Artículo 6º.- Ingresos. Ninguna persona podrá ser internada en un establecimiento sin la correspondiente orden escrita de la autoridad judicial competente.

 

Recibido el/la interno/a, la institución deberá solicitar la información reservada que pudiere obrar en poder del Registro de Antecedentes Penales y Registro de antecedentes Contravencionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Registro Nacional de Reincidencia referida a:

 

1)      Nombre, apellido y demás elementos identificatorios.

2)      Fecha y hora de la detención y autoridad judicial a disposición de quien se encuentra.

3)      Calificación provisional del hecho.

4)      Si el detenido cuenta con otras investigaciones penales en trámite, haciendo saber en su caso, fiscalía y repartición policial interviniente.

5)      Medidas de coerción que se hubieren dictado en su contra.

6)      Suspensiones del procedimiento a prueba que hayan sido acordadas a la misma persona.

7)      Declaraciones de rebeldía.

8)      Juicios penales en trámite.

9)      Condenas anteriores, libertades condicionales, reincidencias en que hubiera incurrido y toda otra referencia de utilidad.

10)   Toda aquélla que pudiere resultar de interés para determinar el más aproximado perfil del interno para su adecuado alojamiento.

 

Esta ficha será confeccionada por única vez y a lo largo del cumplimiento de la pena se le deberá sumar la información que a continuación se detalla:

1)  Nivel Educativo alcanzado o en curso.

2)  Datos Sanitarios.

3)  Talleres laborales en los que participa y/o ha participado.

4)  Cursos de capacitación realizados.

 

Cabe aclarar que toda la información que consta en la mencionada ficha posee el carácter de confidencialidad.

 

Esta ficha acompañará al interno a todo establecimiento al que fuera trasladado.  

 

Artículo 7º.- Denominación. Los internos serán llamados por su propio nombre y apellido, no permitiéndose el uso de apodos peyorativos o que impliquen una discriminación negativa.

 

Artículo 8º.- Dinero y objetos de valor. Cuando el interno ingrese al ámbito del Servicio de Reinserción Social y Cumplimiento Penitenciario, el dinero, los objetos de valor, ropas u otros efectos que le pertenezcan y que tuvieren prohibido tener consigo, serán guardados en lugar seguro, previo inventario que el interno firmará y del que se le dará una copia.

 

Artículo 9º.- Jóvenes adultos. Los jóvenes adultos (de 18 a 21 años), serán alojados en establecimientos o secciones especiales con el objeto de facilitar el desarrollo de aquellos programas asistenciales y/o de tratamiento que, implementados para pequeños grupos, contemplen con especial énfasis los aspectos formativos educativos de los mismos, teniendo en cuenta la especificidad de los requerimientos propios de la edad.

 

Artículo 10º.- Mujeres embarazadas. En los establecimientos que alberguen mujeres deberán existir instalaciones especiales para el tratamiento de las embarazadas. El parto se realizará en el hospital público más cercano al establecimiento en el cual la madre esté alojada. Cuando éste se produzca se tomarán los debidos recaudos para que no conste en la inscripción de nacimiento que ocurrió en un establecimiento penitenciario, debiéndose dar inmediato aviso al Juez de menores en turno.

 

No podrá aplicarse ninguna medida disciplinaria que pueda afectar al hijo, ni privar a la madre del contacto con éste. No trabajará durante el período pre y post parto, siendo éste, el que está contemplado en el régimen laboral para empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Artículo 11º.- Jardín Maternal. A fin de privilegiar la relación materno infantil en los lugares donde se alojen madres que convivan con hijos y en los casos en que el Servicio de Reinserción Social y Cumplimiento Penitenciario cuente con dichos establecimientos, se formará un Consejo asistido integrado por profesionales médicos pediatras, psicólogos, trabajadores sociales y docentes, quienes se ocuparán de estructurar una didáctica acorde con los principios pedagógicos y científicos que permitan aplicar métodos activos, para integrar al niño a Jardines Maternales. Se brindará un ambiente físico que satisfaga los intereses y necesidades infantiles. Los niños podrán asistir a Jardines Maternales de la comunidad.

 

Artículo 12º.- Conductas adictivas. En todos los regímenes funcionarán centros de asistencia y tratamiento de conductas adictivas que se regirán por las modalidades reguladas para tal efecto.

 

Artículo 13º.- Egresos Transitorios. El egreso transitorio de los detenidos, por circunstancias de excepción, será dispuesto por los jefes de las dependencias que los alberguen, previa aprobación del/la Juez/a competente.

 

Se entenderán por circunstancias de excepción:

1)      El fallecimiento o enfermedad grave incurable en período terminal de un familiar consanguíneo de hasta segundo grado o por afinidad matrimonial o relación de hecho.

2)      Necesidad de externación por enfermedad o grave afección a la salud que no pueda ser atendida dentro del Instituto.

 

Artículo 14º.- Documentación. En las certificaciones de estudio o de capacitación, actas de nacimiento, matrimonio y defunción ocurridos en un establecimiento de los previstos en esta Ley, no se dejará ninguna constancia referida al ámbito penitenciario.

 

Artículo 15º.- Educación. El Servicio de Reinserción Social adoptará las medidas necesarias para mantener, fomentar y mejorar la educación facilitando instalaciones, bibliotecas, salas de lectura y materiales necesarios para la implementación de los planes de educación.

 

Los contenidos y metodologías de aplicación del área correspondiente a la educación sistemática en los distintos niveles serán elaborados por la Institución que corresponda.

 

Para la educación no sistemática se coordinarán acciones con otros agentes educativos que cumplan funciones complementarias.

 

Artículo 16º.- Trabajo. El trabajo constituye un derecho para los procesados y un derecho deber para los condenados, y deberá ser proporcionado por cada uno de los establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

La organización del trabajo en su aspecto técnico administrativo, modalidades, horarios, previsiones referidos a la higiene y seguridad industrial, accidentes e indemnizaciones se regirán por las normas legales establecidas para la materia en cuanto sean compatibles con las particularidades del sistema que esta ley implementa.

 

Las actividades productivas y rentables reproducirán en lo posible las características del trabajo en libertad con especial consideración de las aptitudes y capacidades de los procesados y condenados.

 

El Servicio de Reinserción Social y Cumplimiento Penitenciario favorecerá la implementación de programas de capacitación laboral y el desarrollo de actividades artísticas e intelectuales conforme a los diferentes regímenes previstos en la presente Ley.

 

El producto del trabajo asignado a cada interno deducidos los aportes correspondientes a la Seguridad Social, tenderá a solventar sus necesidades personales, familiares, sociales y a indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito conforme lo establezca la sentencia, en los porcentajes que fije la reglamentación.

 

Artículo 17º. Tiempo libre. El área tiempo libre comprenderá actividades recreativas, deportivas, estéticas e intelectuales que posibiliten el ejercicio de aptitudes y preferencias de los procesados y condenados.

 

Artículo 18º. Asistencia Psicosocial. En la asistencia psicosocial, prevalecerá la implementación de técnicas especializadas de acuerdo a los programas formulados para cada régimen y/o modalidad, orientados a dar apoyo y esclarecimiento a los procesados y condenados.

 

Artículo 19º.- Disciplina. El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer otras restricciones que las absolutamente necesarias para permitir la correcta implementación de las actividades propias de cada régimen o modalidades del mismo.

  

Los internos deben:

1)  Atender y cumplir las indicaciones que reciban de los funcionarios correspondientes sobre su desenvolvimiento en el establecimiento o en las áreas relacionadas con su programa de asistencia y/o tratamiento

 

2)  Tratar con corrección a las autoridades y a otros internos.

 

3)  Mantener una correcta presentación, cuidando su aseo personal y el de su hábitat, al igual que la conservación del equipo y los objetos confiados a su responsabilidad.

 

4)  Abstenerse de toda perturbación del orden y de la disciplina.

 

Está prohibido a los internos:

 

1)  Tener armas o elementos que puedan ser usados como tales, a excepción de los autorizados expresamente y por razones específicas de trabajo.

 

2)  Efectuar reclamos colectivos salvo que sean por escrito.

 

3)  Mantener comunicaciones en términos o signos que resulten ininteligibles para el personal.

 

Las faltas que cometan los internos a la normativa específica y/u otras reglamentaciones se clasifican en leves, medias y graves y serán objeto de sanción por parte de la máxima autoridad penitenciaria del establecimiento, sin perjuicio de la evaluación técnica posterior que se haga de dicha conducta y su motivación, a los efectos de su ubicación o reubicación en el régimen que corresponda.

 

Son faltas graves:

 

1)         Evadirse o intentarlo, planificar, colaborar en la evasión de otros o poseer elementos para ello.

 

2)         Incitar o participar en movimientos para quebrantar el orden o la disciplina.

 

3)         Poseer, ocultar, facilitar o traficar medicamentos no autorizados y debidamente recetados, estupefacientes, alcohol, sustancias tóxicas o explosivos, armas o todo instrumento capaz de atentar contra la vida, la salud o la integridad propia o de terceros.

 

4)         Intentar introducir o sacar elementos de cualquier naturaleza eludiendo los controles reglamentarios.

 

5)         Retener, agredir, coaccionar o amenazar funcionarios u otras personas.

 

6)         Intimidar física, psíquica o sexualmente a otra persona.

 

7)         Amenazar o desarrollar acciones que sean real o potencialmente aptas para contagiar enfermedades.

 

8)         Resistir activa y gravemente el cumplimiento de órdenes legalmente impartidas por funcionario competente.

 

9)         Provocar accidentes de trabajo o de cualquier otra naturaleza.

 

10)      Cometer un hecho previsto como delito doloso sin perjuicio de ser sometido al eventual proceso penal.

 

La reglamentación fijará las faltas leves y medias.

 

De las sanciones y procedimientos de aplicación.

 

Artículo 20°.- Las faltas de los internos serán sancionados con alguna de las medidas siguientes, sin que sea procedente su acumulación:

a)      Amonestación verbal;

b)      Anotación negativa en su ficha personal;

c)      Prohibición de recibir paquetes o encomiendas por un lapso de hasta 15 días;

d)      Privación de participar en actos recreativos comunes hasta por 30 días;

e)      Prohibición de recibir paquetes o encomiendas por un lapso de hasta 30 días;

f)       Limitación de las visitas a un tiempo mínimo que no podrá ser inferior a cinco minutos, durante un lapso que no excederá de un mes, debiendo realizarse ella en una dependencia que permita el control de la sanción;

g)      Privación hasta por una semana de toda visita o correspondencia con el exterior;

h)      Revocación de permiso de salida;

i)       Privación hasta por un mes de toda visita o correspondencia con el exterior;

j)       Aislamiento de hasta cuatro fines de semana en celda solitaria, desde el desencierro del sábado hasta el encierro del domingo, y Internación en celda solitaria por períodos que no podrán exceder de 15 días.

 

Esta medida se cumplirá en la misma celda o en otra de análogas condiciones de higiene, iluminación y ventilación.

 

Tratándose de infracciones leves podrán aplicarse las sanciones señaladas en las letras a), b) o c). En caso de infracciones menos graves podrá aplicarse cualquiera de las sanciones consignadas en las letras d), e), f), g), y h).

 

Tratándose de infracciones graves podrá aplicarse cualquiera de las sanciones señaladas en las letras i), j) o k).

 

Deberá valorarse al imponer las sanciones la magnitud de la infracción cometida, la reincidencia en conductas como la cuestionada, la personalidad del interno y las circunstancias del caso.

 

En el supuesto de primera infracción en el establecimiento, o cuando el Director lo considere conveniente, si el comportamiento anterior del interno lo justificare, en la misma resolución que impone la sanción, podrá dejar en suspenso su ejecución, fundadamente.

 

Las transgresiones serán comunicadas diariamente al jefe del establecimiento y en forma inmediata en caso de urgencia. El personal puede adoptar por sí las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los internos cuando el caso no admita dilación, produciendo un informe según las circunstancias.

 

El interno deberá ser informado de la infracción que se le imputa, tener oportunidad de presentar sus descargos, ofrecer prueba y ser recibido en audiencia por el jefe o funcionario responsable antes de proceder a dictar resolución, la que en todos los casos será fundada y dictada en el plazo máximo de dos (2) días.

 

El interno no podrá ser sancionado dos veces por el mismo hecho. No se aplicarán sanciones colectivas. En caso de duda se estará a lo que resulte más favorable al interno.

 

La notificación de la sanción impuesta debe estar a cargo de algún miembro del personal directivo del establecimiento. El interno será informado de sus fundamentos y alcances y exhortado a reflexionar sobre su comportamiento. En el mismo acto se le hará conocer el derecho a interponer recurso ante la autoridad administrativa o judicial según corresponda.

 

Las sanciones medias serán recurribles por escrito en forma fundada ante el Director General del Servicio de Reinserción Social dentro de los cinco días de notificadas. Presentado el recurso se elevarán las actuaciones en el plazo de veinticuatro (24) horas, debiendo resolverse en cinco (5) días. La interposición del recurso no tendrá efecto suspensivo, salvo que así lo disponga el funcionario interviniente.

 

A partir de la segunda sanción media aplicada dentro del año de producida la primera, podrá apelarse ante el/la Juez/a competente dentro de los cinco (5) días de notificada la última sanción. Presentado el recurso se elevarán las actuaciones en el plazo de veinticuatro (24) horas al juez interviniente, quien resolverá en cinco (5) días. La interposición del recurso no tendrá efecto suspensivo, salvo que así lo disponga el magistrado interviniente.

 

Las sanciones graves serán apelables ante el/la Juez/a competente dentro de los cinco (5) días de notificada. Presentado el recurso se procederá de conformidad a lo previsto en el artículo anterior.

 

En cada establecimiento se llevará un registro de sanciones, foliado, encuadernado y rubricado por el/la Juez/a competente, en el que se anotarán por orden cronológico, las sanciones impuestas, sus motivos, su ejecución o suspensión, dejándose constancia de todo ello en el legajo personal.

 

Todo hecho que prima facie constituya delito, dará lugar a información sumaria o circunstanciada tendiente a individualizar al autor o autores, debiendo darse cuenta de inmediato a la autoridad competente. Los organismos correspondientes o el jefe del establecimiento podrán adoptar respecto del trasgresor, las medidas inmediatas o mediatas que se consideren necesarias.

 

En caso de evasión o fuga el jefe del establecimiento proveerá a la primera búsqueda y por el medio más rápido lo comunicará al Director General del Servicio de Reinserción Social y Cumplimiento Penitenciario y a la autoridad judicial y policial competente.

 

Artículo 21º.- Modo de sujeción. Queda prohibido el empleo de esposas o de cualquier otro medio de sujeción como castigo.

 

Sólo podrán adoptarse medidas de sujeción en los siguientes casos:

1)      Como precaución contra una posible evasión durante el traslado del interno;

2)      Por razones médicas, a indicación del facultativo, formulada por escrito;

3)      Por orden expresa del director o del funcionario que lo reemplace en caso de no encontrarse éste de servicio, si otros métodos de seguridad hubieren fracasado y con el único propósito de que el interno no se cause daño a sí mismo, a un tercero o al establecimiento. En este caso el director o quien lo reemplace dará de inmediato intervención al servicio médico y remitirá un informe detallado al/la Juez/a competente.

 

La determinación de los medios de sujeción autorizados y su modo de empleo serán establecidos por la reglamentación que se dicte. Su aplicación no podrá prolongarse mas allá del tiempo necesario, bajo apercibimiento de las sanciones administrativas y penales que correspondan al funcionario responsable.

 

Con excepción de casos de fuga, evasión o de sus tentativas, o de resistencia por la fuerza activa o pasiva a una orden basada en norma legal o reglamentaria, al personal del SRS le está absolutamente prohibido emplear la fuerza en el trato con los internos.

 

El uso de armas reglamentarias por el personal penitenciario quedará limitado a circunstancias excepcionales en que sea indispensable utilizarlas con fines de prevención o por peligro inminente para la vida, la salud o la seguridad del interno, agentes o de terceros.

 

Capítulo II

Régimen de condenados

 

Artículo 22º.- Ámbito territorial. Las penas privativas de libertad dispuestas en sentencias dictadas por los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se cumplirán en el territorio de la misma, salvo fundada disposición en contrario del/la Juez/a competente.

 

Artículo 23º.- Régimen general. Las penas de prisión o reclusión sean temporales o perpetuas, se cumplirán dentro del régimen general de asistencia y/o tratamiento. El mismo se iniciará con la evaluación y transitará por diferentes regímenes no necesariamente secuénciales, con la posibilidad de salidas preparatorias como paso previo inmediato al cumplimiento de la sanción.

 

Artículo 24º.- Evaluación. El ingreso de los condenados a los diferentes regímenes y modalidades será dispuesto por el Jefe del Servicio de Reinserción Social en base al informe elevado por la Dirección de Admisión y Seguimiento.

 

El informe que produzca la Dirección de Admisión y Seguimiento, como evaluación criminológica integral tomará como base lo consignado en el legajo de evaluación técnica periódica, dando origen al legajo de ejecución penal.

 

La Dirección de Admisión y Seguimiento realizará periódicas evaluaciones a fin de proponer al Jefe del Servicio de Reinserción Social y Cumplimiento Penitenciario, la permanencia o reubicación del condenado en el régimen y/o modalidad que estime conveniente.

 

El movimiento, distribución, cambio de régimen y modalidades de los condenados corresponderá al Servicio de Reinserción Social, con comunicación al/la Juez/a competente.

 

El/la Juez/a competente constituirá una instancia de apelación en las ubicaciones y/o reubicaciones en los diferentes regímenes y modalidades implementados para los condenados.

 

Artículo 25º.- Autorización. El/la Juez/a competente autorizará el ingreso al régimen abierto y las salidas transitorias de los condenados previo el asesoramiento de la Dirección de Admisión y Seguimiento, en base a la evaluación criminológica favorable.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo que antecede, no podrá otorgarse el beneficio del ingreso al régimen abierto y las salidas transitorias a aquellos condenados por los siguientes delitos:

1)      Homicidio agravado (artículo 80 del Código Penal).

2)      Delitos contra la integridad sexual (Título 3 del Código Penal).

3)      Privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte (artículo 142 bis último párrafo, del Código Penal).

4)      Tortura seguida de muerte (artículo 144 tercero inciso 2) del Código Penal).

5)      Homicidio en ocasión de robo (artículo 165 del Código Penal).

6)      Incendio y otros estragos seguidos de muerte (artículo 186 inciso 5) del Código Penal).

Del mismo modo los condenados por alguno de los delitos reseñados precedentemente, no podrán obtener los beneficios de la libertad asistida, prisión discontinua o semidetención, salidas transitorias y salidas a prueba.

 

Capítulo III

Libertad condicional libertad asistida

 

Artículo 26º.- La Dirección de Admisión y Seguimiento orientará su tarea de acompañamiento a la preparación para el egreso de todos los condenados incorporados a cualquiera de los regímenes de la presente ley ante la proximidad de la concesión de la libertad condicional, libertad asistida o definitiva por agotamiento de la pena.

 

Artículo 27º.- El Jefe del Servicio de Reinserción Social remitirá un listado de condenados a la Agencia de Ejecución Penal y Contravencional seis meses antes del tiempo mínimo exigible para la concesión de la libertad condicional, libertad asistida o definitiva por agotamiento de la pena, a los efectos de iniciar las tareas de pre egreso.

 

Artículo 28º.- El Jefe del Servicio de Reinserción Social elevará al/la Juez/a competente, ante la requisitoria de éste, los antecedentes e informes de los internos que estén en condiciones de obtener la libertad condicional.

 

Artículo 29º.- La libertad asistida permitirá al condenado el egreso anticipado y su reintegro al medio libre seis meses antes del agotamiento de la pena temporal. Igual beneficio podrá otorgarse al condenado a penas mayores a tres años de prisión o reclusión, seis meses antes del término previsto por el artículo 13 del Código Penal para la obtención de la libertad condicional.

 

Artículo 30º. El/la Juez/a competente a pedido del/la condenado/a, mediante informe fundado del grupo de admisión y seguimiento podrá disponer su incorporación al régimen de libertad asistida. En caso de denegatoria, la resolución que recaiga deberá ser fundada.

 

Artículo 31º.- El/la condenado/a incorporado/a al régimen de libertad asistida deberá cumplir además de las obligaciones que el/la Juez/a competente fije, las siguientes:

 

1)      Residir en el domicilio consignado en la resolución judicial.

2)      Procurarse un trabajo u oficio.

3)      No frecuentar personas o lugares y abstenerse de actividades o conductas inconvenientes para su adecuada inserción social.

4)      Presentarse a la Agencia de Ejecución Penal y Contravencional responsable de su asistencia y supervisión.

 

Artículo 32º.- Se revocará la libertad asistida cuando el liberado cometiera un nuevo delito o incumpliera reiteradamente las obligaciones impuestas.

 

Artículo 33º.- Cuando se revocare la libertad condicional, la condenación condicional o la libertad asistida, por la comisión de un nuevo delito, el condenado ingresará o reingresará al Servicio de Reinserción Social.

 

Artículo 34º.- Corresponderá el ingreso o reingreso a las diferentes alternativas del régimen abierto cuando: 

1)      El liberado haya violado la obligación de residencia dispuesta en el artículo 15 del Código Penal.

2)      El condenado condicional incumpliera con las reglas de conducta establecidas en el artículo 27 bis del Código Penal.

3)      El liberado en libertad asistida incumpliera reiteradamente con las obligaciones impuestas por el/la Juez/a competente.

 

Artículo 35º.- El egreso del/la interno/a deberá efectuarse al mediodía de la fecha establecida para su liberación y una vez realizada la entrega del documento de identidad personal o certificado de su tramitación, certificado de estudios y/o capacitación laboral, planilla demostrativa de jornales devengados, certificado de trabajos, efectos personales y pago en forma total de los fondos propios y parcial de peculios, en función del porcentaje que reglamentariamente se fije y/o la entrega dineraria que correspondiera. Cuando razones operativas impidieron su liberación en el horario preestablecido la liberación podrá efectuarse con conocimiento del Juez competente hasta antes de las 19:00 horas del día. Vencido este plazo la libertad se materializará indefectiblemente a las 07:00 horas del día siguiente.

 

Artículo 36º.- El Servicio de Reinserción Social entregará a todo/a interno/a que al momento del egreso no reciba peculios o no posea fondos propios una suma de dinero no reintegrable, equivalente al veinte por ciento del sueldo básico de guardia del Servicio de Reinserción Social.

 

En los casos que reciban peculios y/o fondos propios y no alcanzaran los mismos al monto del porcentaje citado, se le entregará al interno la respectiva diferencia.

 

Artículo 37º.- El remanente del porcentaje de peculios y/o los importes pendientes de liquidación serán depositados por el Servicio de Reinserción Social en la cuenta fiscal de peculios del Agencia de Ejecución Penal y Contravencional.

 

Simultáneamente con el depósito, el Servicio remitirá a la Agencia el detalle de los importes correspondientes a cada liberado a fin de cumplimentar el correspondiente pago.

 

Artículo 38º.- El Servicio de Reinserción Social a través del establecimiento de egreso, coincidentemente con la liberación, remitirá a la Agencia de Ejecución Penal y Contravencional el acta de libertad, la planilla de antecedentes penales y toda documentación que hubiera quedado pendiente de entrega al/la liberado/a.

 

Artículo 39º.- Podrá permanecer en el establecimiento el/la interno/a con conocimiento del/la Juez/a competente cuando se produzcan algunas de estas circunstancias:

 

1)  Que su estado de salud no permita su egreso sin grave peligro para su vida.

2)  Que el/la interno/a preste, expreso consentimiento para continuar excepcional y transitoriamente siendo asistido en el establecimiento de detención por circunstancias atendibles.

 

Artículo 40º.- Pena domiciliaria. La pena domiciliaria prevista en el artículo 10 del Código Penal, será supervisada en su ejecución por el Servicio de Reinserción Social conforme las pautas elaboradas por su organismo técnico criminológico.

 

Revocada la pena domiciliaria, el/la Juez/a competente, podrá disponer el ingreso del condenado al régimen abierto previsto en la presente ley.

   

Artículo 41º.- Conmutación. El/la Juez/a competente, de oficio o a solicitud del Jefe del Servicio de Reinserción Social, previo informe de la Dirección de Admisión y Seguimiento, podrá proponer al Poder Ejecutivo la conmutación de pena de los/as condenados/as que fuesen merecedores de tal recomendación.

 

Capítulo IV

Régimen abierto

 

Artículo 42º.- Características. El régimen abierto se caracterizará por la aplicación exclusiva de programas que impliquen autogestión para aquéllos que hubieren sido incluidos en el mismo.

 

En este régimen el Servicio de Reinserción Social desarrollará una actividad prevalentemente asistencial fortaleciendo la noción de responsabilidad social a través de nuevos vínculos o el afianzamiento de los existentes.

 

Las dependencias propias del régimen abierto tendrán características habitacionales que garanticen un nivel adecuado de privacidad, careciendo de las siguientes medidas de seguridad: guardia armada uniformada, muros perimetrales, rejas u otras formas de contención.

 

Artículo 43º.- Alternativas en la ejecución de la pena. Los lineamientos de los programas de tratamiento correspondientes al régimen abierto estarán determinados por la evaluación particular de cada caso, abarcando desde las formas semi institucionales con alojamiento en las dependencias y salidas laborales, educacionales, asistenciales y familiares, hasta el tratamiento en la comunidad.

 

Las formas semi institucionales también comprenderán:

 

1)      La prisión discontinua: permanencia del condenado en el establecimiento por fracciones no menores de treinta y seis horas, procurando que ese período no coincida con los días laborables de aquél.

2)      La semidetención con sus modalidades prisión diurna y prisión nocturna: permanencia diaria del condenado en el establecimiento durante fracciones del día no destinadas al cumplimiento de obligaciones familiares, educacionales o laborales.

 

Artículo 44º.- Alojamiento. El alojamiento de los internos incluidos en la formas semi institucionales del régimen abierto será individual, o en dormitorios que albergando un número máximo de 3 condenados, garanticen para los mismos la debida privacidad.

 

Artículo 45º.- Equipo. La vestimenta básica de los condenados incluidos en cualquiera de las modalidades de este régimen será de tipo civil y puede ser provista por el Servicio de Reinserción Social supletoriamente, cuando no pudiesen adquirirla con el producto de su trabajo.

 

Artículo 46º.- Alimentación. La alimentación de los internos en las modalidades semi institucionales del régimen abierto será provista por la institución, debiéndose estimular la participación de los mismos en su elaboración, enriquecimiento y administración como una forma más de ejercicio de la autogestión.

 

Artículo 47º.- Áreas de asistencia y tratamiento. Dentro del régimen abierto los programas de las áreas educacional, capacitación laboral, salud y asistencial, se implementarán mediante la utilización prevalente de los recursos que a tal efecto brinde la comunidad, facilitando el Servicio de Reinserción Social los medios en aquéllos en que fuere necesario.

 

La estructuración del área convivencia, al igual que la utilización del tiempo libre, se implementará mediante mecanismos de auto regulación que aseguren la participación de los condenados en todo aquello que haga a su régimen de vida.

 

La totalidad del trabajo que realicen los condenados en este régimen dentro del ámbito privado o público, se cumplirá en similares condiciones que el trabajo en libertad, ajustándose a la normativa laboral aplicable a cada caso.

 

La normativa referente a ingresos, egresos y concurrencia de visitantes a las dependencias se ajustará a las normas que reglamenten la presente ley.

 

Capítulo V

Régimen semiabierto

 

Artículo 48º.- Características. El régimen semi abierto que comprende las modalidades amplia y limitada se caracteriza por la aplicación de programas que, permitiendo un adecuado nivel de autogestión por parte de los internos, facilite su interacción dentro de los límites propuestos por el Servicio de Reinserción Social.

 

Artículo 49º.- Modalidades. La modalidad amplia albergará a aquellos internos cuyas características personales permitan que sus respectivos programas de tratamiento se desarrollen no sólo en el establecimiento sino también en sus zonas aledañas con mínimos recaudos de control.

 

La modalidad limitada estará destinada a aquellos internos que, evidenciando un grado suficiente de adaptación institucional, sean beneficiarios de programas de tratamiento caracterizados por el ejercicio de distintos grados de autocontrol, desarrollados dentro de los límites del área de seguridad de la dependencia que los alberga.

 

Artículo 50º.- Alojamiento. En este régimen los/as internos/as preferentemente dispondrán de alojamiento individual, pudiendo cuando las características edilicias de las dependencias o los requerimientos específicos del programa de tratamiento así lo exigieran, alojarse en dormitorios colectivos que garanticen su privacidad.

 

Artículo 51º.- Equipo. El Servicio de Reinserción Social proveerá el equipo, pudiéndose autorizar el uso de equipos y vestimenta que se ajusten a las normas que determine la reglamentación.

 

Artículo 52º.- Salud y alimentación. Las necesidades en materia de salud integral serán cubiertas por el Servicio de Reinserción Social permitiéndose el acceso a medios asistenciales extrainstitucionales.

 

La provisión de alimentos estará a cargo del Servicio de Reinserción Social, permitiéndose enriquecerlos por los medios autorizados en la reglamentación.

 

Artículo 53º.- Comunicación. Las visitas en este régimen serán en todos los casos de contacto, las que se favorecerán con mayor frecuencia y duración, pudiéndose otorgar fuera del perímetro del establecimiento, en sitios prefijados bajo la adecuada supervisión institucional a aquellos condenados incluidos en la modalidad amplia.

 

Artículo 54º.- Áreas de asistencia y tratamiento. Para las áreas convivencia y tiempo libre en sus dos modalidades, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 15º de la presente ley.

 

El Servicio de Reinserción Social facilitará las instalaciones y materiales necesarios para el desarrollo de los programas que formule el organismo de educación correspondiente, según los requerimientos de cada una de las dos modalidades que integran el régimen.

 

Como los demás regímenes, se dará prioridad a los planes de capacitación o perfeccionamiento profesional. Una vez alcanzado un nivel de idoneidad suficiente, se procurará instrumentar su ejercicio a través de actividades productivas y rentables para el condenado, priorizando sus necesidades sobre las de la institución, reproduciendo en lo posible las características del trabajo en libertad.

 

El Servicio de Reinserción Social procurará el apoyo docente y el equipamiento mínimo necesario para el funcionamiento de las escuelas técnicas o centros de producción, favoreciendo la obtención por parte de los internos de los elementos que mejoren sus condiciones de trabajo o el producto del mismo.

 

Se favorecerá la participación de la comunidad mediante la creación de cooperadoras y organizaciones de tipo cooperativo con los internos.

 

Artículo 55º.- Salidas Transitorias. Las salidas transitorias en este régimen se otorgará por razones familiares, sociales o de trabajo, en cumplimiento de los programas específicos formulados para la modalidad amplia, debiéndose facilitar este instituto únicamente al condenado que se encontrara en el régimen semiabierto.

 

Según el nivel de autogestión propio de cada modalidad, las salidas transitorias se realizarán con: 

1) Mínima custodia.

2) Confiada a la tutela de un familiar o persona responsable.

3) Bajo su propia responsabilidad.

 

Capitulo VI

Régimen cerrado

 

Artículo 56º.- Características. El régimen cerrado es un sistema de seguridad estricto que comprende las modalidades moderada y severa, caracterizado por la existencia de normas de control, dentro de un ámbito de seguridad que permita la instrumentación de los programas de tratamiento para aquellos internos que fueran incorporados al mismo.

 

Artículo 57º.- Modalidades. La modalidad moderada está destinada a aquellos internos que a pesar de las dificultades en el manejo de los impulsos requieran un menor control. El tratamiento se efectivizará mediante la implementación simultánea de técnicas individuales y/o de pequeños grupos.

La modalidad severa se caracteriza por el predominio del tratamiento individual, siendo indicada para aquellos internos en los que se evidencien manifestaciones de conductas de alta peligrosidad y serias dificultades de convivencia, con riesgo inmediato para sí o para terceros y para la seguridad del establecimiento.

 

Artículo 58º.- Alojamiento. Los internados en régimen cerrado se alojarán en celdas individuales, que permanecerán cerradas durante su tiempo de ocupación. Estarán dotadas del correspondiente módulo sanitario, cumpliendo con los requisitos de habitabilidad que prescriben las normas legales vigentes.

 

Artículo 59º.- Equipo. El Servicio de Reinserción Social proveerá el equipo carcelario pudiéndose autorizar el uso de equipo y vestimenta que se ajusten a las normas que determine la reglamentación.

 

Artículo 60º.- Salud y alimentación. Las necesidades referidas a las áreas salud, higiene y alimentación de los internados, serán cubiertas por el Servicio de Reinserción Social. 

 

Los condenados que presuntamente presenten trastornos mentales graves, serán internados en secciones separadas especializadas en el Servicio de Reinserción Social, donde en condiciones de seguridad apropiada se desarrollará un programa asistencial que requiera cada caso. Si de la tarea diagnóstica surge la existencia de patología que exigiera una cobertura de mayor complejidad se dispondrá el alojamiento en un establecimiento neuropsiquiátrico de seguridad.

 

Artículo 61º.- Comunicación. Por las características de los internados en el régimen cerrado, se extremarán las medidas de control tendientes a facilitar la concurrencia individual o en pequeños grupos de familiares u otras personas vinculadas al mismo.                                          

En la modalidad moderada la visita será siempre de contacto. En la severa la posibilidad de convertir la entrevista en visita de contacto estará supeditada a la explícita indicación del programa de tratamiento que, en cada caso aconseje la reducción de los necesarios recaudos de control.

 

Artículo 62º.- Áreas de asistencia y tratamiento. Los programas correspondientes a las áreas convivencia y tiempo libre tomarán como referencia los contenidos de la programación de régimen semi abierto, implementándolos según las características propias del régimen cerrado. Las actividades sociales se restringirán en cuanto al número de participantes y modalidades, según los recaudos de control o por expresas indicaciones técnicas.

 

Los aspectos educativos serán cubiertos de acuerdo a lo evaluado como necesario para cada caso, por los representantes de los organismos educacionales correspondientes, debiéndose cubrir los recaudos de control necesarios para los requerimientos de cada una de las modalidades del régimen.

 

Los programas de capacitación y actividad laboral correspondientes a internos alojados en el régimen cerrado tendrán las características propias de los demás regímenes, con la sola limitación que puedan establecer los necesarios recaudos de control.

 

Artículo 63º.- Salidas a prueba. Ante la proximidad del egreso los condenados incluidos en cualquiera de las modalidades que caracterizan a este régimen, podrán ser incorporados en un programa que contemple salidas transitorias.

 

Capítulo VII

Régimen de los liberados

 

Artículo 64º.- Definiciones. Las expresiones liberado o tutelado comprenden indistintamente a toda persona que por disposición judicial deba estar bajo tutela, asistencia, tratamiento y/o control de la Agencia de Ejecución Penal y Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condicionales, condenados condicionales, eximidos de prisión, excarcelados, condenados con libertad asistida, probados con suspensión del proceso y todo aquél que deba cumplir medidas o penas sustitutivas de prisión. También es comprensiva de aquellos liberados cumplidos que necesiten o requieran asistencia.

 

Artículo 65º.- Derechos del liberado. El liberado tendrá derecho a:

1)         Recibir la asistencia y/o el tratamiento que corresponda a su caso en particular, con arreglo a lo dispuesto por el/la Juez/a competente, con la debida salvaguarda de su dignidad, evitando poner de manifiesto en forma innecesaria su condición legal. La asistencia podrá extenderse a su grupo familiar, en la medida de las posibilidades de la Agencia de Ejecución Penal y Contravencional.

 

2)         Solicitar asistencia de la Agencia una vez cumplida la pena.

 

3)         Solicitar orientación y apoyo para la capacitación laboral y/o el ejercicio de una profesión.

 

4)         Requerir pasajes oficiales o las sumas de dinero necesarias para su traslado y/o el de su grupo familiar, dentro o fuera del país, por motivos laborales, de salud y de integración familiar.

 

5)         Solicitar el trámite de su documentación personal, alimentos, alojamiento y/o cualquier otra prestación asistencial para sí y/o su grupo familiar.

 

6)         Solicitar asesoramiento legal para la defensa de sus derechos.

 

El/la Juez/a competente garantizará el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos de quienes se encuentren bajo la tutela de Agencia de Ejecución Penal y Contravencional.

 

Artículo 66º.- Obligaciones del liberado. El liberado deberá cumplimentar las condiciones compromisorias y/o reglas de conducta impuestas por la autoridad judicial competente y someterse al tratamiento y/o control de la Agencia. En caso de incumplimientos reiterados la Agencia de Ejecución Penal y Contravencional deberá informar al/la Juez/a competente, quién resolverá en definitiva sobre su situación legal.

 

Artículo 67º.- Intervención tutelar. Confiada la tutela del liberado, la Agencia de Ejecución Penal y Contravencional debe disponer las medidas de asistencia, tratamiento y control que correspondan, según el caso en particular.

 

Artículo 68º.- Pre egreso. La Agencia de Ejecución Penal y Contravencional con el apoyo del Servicio de Reinserción Social, realiza la tarea del pre egreso con todo condenado alojado en los establecimientos penitenciarios de la Ciudad, iniciando la misma con no menos de seis (6) meses de anticipación de la fecha del posible otorgamiento de la liberación condicional, asistida o definitiva. Esta tarea podrá incluir la comunicación con sus familiares, con el fin de evaluar la futura integración.

 

La reglamentación de la presente establecerá la frecuencia, el modo y la forma de ejecución. El resultado de esta tarea será remitido al/la Juez/a competente, cuando así lo requiera con motivo de resolver sobre el pedido de libertad.

 

Artículo 69º.- Asistencia del liberado. La asistencia será personalizada y dirigida en forma directa e inmediata al tutelado y, cuando las circunstancias así lo justifiquen, al grupo familiar de inserción social o de influencia directa. En cada caso se deberán realizar todas las gestiones necesarias y conducentes a fin de procurar:

 

1)      La orientación hacia la capacitación e inserción laboral.

 

2)      La conservación y el mejoramiento de las relaciones con su núcleo familiar, en la medida que fuera compatible con su tratamiento.

 

3)      El establecimiento de relaciones con personas e instituciones que faciliten y favorezcan las posibilidades de integración social.

 

4)      La obtención de documentación personal y de la seguridad social.

 

5)      El suministro de alimentos, medicamentos, vestimenta, alojamiento, asistencia médica y psicológica, etc., según las posibilidades de la Agencia de Ejecución Penal y Contravencional.

 

6)      El asesoramiento jurídico.

 

7)      El traslado al lugar de residencia, de trabajo o de asistencia médica.

 

8)      La orientación hacia la alfabetización y continuación de estudios primarios, secundarios, terciarios o universitarios.

 

9)      La orientación sobre la necesidad de asistencia y/o tratamiento médico y/o psicológico cuando el caso así lo indique.

 

10)   La prevención de conductas de riesgo personal o social.

 

11)   El acompañamiento en las distintas etapas del proceso de inserción social, con especial acento en el fortalecimiento de su sentido crítico.

 

Artículo 70º.- Tratamiento del liberado. El tratamiento será personalizado y directo, tendiendo a evitar la reiteración y la reincidencia, y se instrumentará a través de programas formativos, educativos y cuya ejecución deberá contemplar el debido ajuste al medio familiar, laboral y social. En cada caso deberá evaluarse:

 

1)      La situación procesal y/o condición legal del tutelado.

 

2)      Las condiciones compromisorias, reglas de conducta y/o medidas impuestas judicialmente.

 

3)      La tarea de adaptación proyectada y/o materializada en los programas de tratamiento del Servicio de Reinserción Social.

 

4)      El resultado de la tarea de pre egreso.

 

5)      Los antecedentes judiciales de interés respecto del hecho y la personalidad del tutelado.

 

6)      Las recomendaciones especiales y/o pautas específicas dispuestas por el juez interviniente.

 

7)      Las conductas y actividades que puedan ser consideradas inconvenientes para su adecuada inserción social.

 

8)      El lugar de residencia fijado judicialmente.

 

9)      El tiempo de contralor al cual estará sometido.

 

10)   Todo otro dato útil para el tratamiento del caso.

 

Artículo 71º.- Control del liberado. El control se hará en forma individualizada y será realizado a través de:

 

1)      Presentaciones periódicas en el lugar que determine el Agencia de Ejecución Penal y Contravencional;

2)      Entrevistas profesionales;

3)      Visitas domiciliarias periódicas;

4)      Constatación del domicilio fijado judicialmente;

5)      Todo otro procedimiento técnico adecuado.

 

Artículo 72º.- Conmutación. El Agencia de Ejecución Penal y Contravencional podrá proponer y/o aconsejar al Poder Ejecutivo sobre la conveniencia del otorgamiento de la conmutación de pena de sus tutelados, comunicando tal circunstancia al/la Juez/a competente.

 

Artículo 73º.- Legajo tutelar. El Agencia de Ejecución Penal y Contravencional llevará un legajo tutelar del liberado cualquiera sea su situación procesal en el que constará toda documentación y datos de interés sobre la asistencia, tratamiento y control. Cada legajo deberá contar con la documentación originada en las actividades del pre egreso cuando así correspondiera y el respectivo informe socio ambiental inicial, a través de los cuales se efectuará la evaluación del caso, se establecerán las principales líneas de acción a ejecutar y la propuesta de inclusión en los programas de tratamiento que se fijen. El seguimiento del caso se realizará con informes sociales de evaluación periódica en los que se dejará constancia de la evolución y modificaciones que se introduzcan y/o se propongan sobre su asistencia, tratamiento y control.

 

Artículo 74º.- Asesoramiento jurídico. La Agencia de Ejecución Penal y Contravencional, podrá recabar la pertinente colaboración del servicio jurídico gratuito del Gobierno de la Ciudad, para que provean el necesario asesoramiento legal y/o designación de un letrado patrocinante o apoderado para los tutelados sin recursos.

 

Artículo 75º.- Salud. La Agencia de Ejecución Penal y Contravencional procurará la asistencia y tratamiento médico y/o psicológico y la provisión de medicamentos a los tutelados, mediante la derivación a entidades estatales y/o paraestatales, privadas o mixtas, con personería jurídica o legal.

 

La Agencia podrá requerir en forma directa ante las autoridades competentes la evaluación, tratamiento y/o internación de sus tutelados cuando los mismos presentaren cambios psicológicos o de comportamiento relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, o trastornos mentales que pusieran en riesgo su vida y/o la de terceros.

 

Tal determinación deberá justificarse en función del riesgo individual, familiar, laboral y/o social que implicaría su falta de atención, comunicando lo actuado al Juez interviniente.

 

El tiempo que comprenda el tratamiento y/o internación no suspenderá el plazo de cumplimiento de la sanción penal impuesta, salvo disposición judicial en contrario.

 

Artículo 76º.- Educación. La Agencia de Ejecución Penal y Contravencional procurará la adopción de las medidas necesarias para mantener, fomentar y mejorar la educación e instrucción de sus tutelados. A tal fin la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad prestarán colaboración directa a la Agencia de Ejecución Penal y Contravencional.

 

Artículo 77º.- Capacitación laboral. La Agencia de Ejecución Penal y Contravencional procurará capacitar al tutelado para el ejercicio de una profesión u oficio, por medio de subsidios o aportes directos en dinero o en especies, con o sin reintegro. En tal sentido, podrá completar la capacitación laboral adquirida por el tutelado en el medio penitenciario.

 

Artículo 78º.- Trabajo. A los efectos de proporcionar trabajo normalmente remunerado a aquellos tutelados cuyos programas de tratamiento y/o asistencia así lo indiquen, tanto por el nivel de capacitación como el de inserción social, los organismos públicos registrarán las solicitudes de empleo, sin que los antecedentes penales sean impedimento o signifiquen inhabilitación para ello, en la medida que tal circunstancia no esté comprendida en la condena impuesta.

 

La legislación que establezca y regule la actividad laboral para el empleado público debe prever la ocupación laboral de los liberados, mediante la reserva para tal fin de un tres (3) por ciento del total de los puestos de trabajo, en la forma que determine la reglamentación.

 

La Agencia de Ejecución Penal y Contravencional podrá solicitar a las empresas privadas empleo, ocupación y/o capacitación laboral para sus tutelados y/o integrantes de su grupo familiar.

 

Artículo 79º.- Microemprendimientos laborales. La Agencia de Ejecución Penal y Contravencional podrá otorgar en forma directa a sus tutelados y/o a su grupo familiar subsidios, subvenciones, becas, premios y cualquier otra asistencia dineraria o en especie, con o sin obligación de reintegro con particular acento en los emprendimientos productivos en los límites de la asignación presupuestaria del ente autárquico. En caso de requerirse partidas o fondos no comprendidos en dicha asignación presupuestaria, el otorgamiento de los mismos deberá ser requerido al Poder Ejecutivo.

 

Artículo 80º.- Pasajes. La Agencia de Ejecución Penal y Contravencional facilitará a sus tutelados y/o a su grupo familiar cuando razones de asistencia, tratamiento y/o control así lo justifiquen el traslado dentro y fuera de la Ciudad y/o de la República de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias expidiendo órdenes de pasajes oficiales o entregando las sumas de dinero necesarias y/o efectuando las gestiones del caso.

 

Artículo 81º.- Trabajo de utilidad pública. La supervisión de los trabajos no remunerados a favor de la comunidad, como regla de conducta en la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de los procesos a prueba, en la sustitución parcial o total de las penas alternativas para situaciones especiales, o bajo cualquier otra modalidad, estará a cargo del Agencia de Ejecución Penal y Contravencional.

 

Todos los organismos del Gobierno de la Ciudad y las Instituciones de Bien Público que sean designados para recibir a los liberados con obligación de realizar tareas comunitarias en su favor, deberán informar mensualmente a la Agencia de Ejecución Penal y Contravencional sobre el cumplimiento de la medida impuesta judicialmente.

 

La Agencia de Ejecución Penal y Contravencional esta facultada a designar al organismo o institución, y/o el tipo de trabajo, y/o la carga horaria de las tareas comunitarias, cuando el juez interviniente así lo dispusiera.

 

La carga horaria total por tareas comunitarias no podrá exceder las ochocientas (800) horas por año de pena o de prueba, debiendo establecer la autoridad judicial el monto total de horas a cumplir, quedando facultada la Agencia a distribuirlas dentro del plazo total de pena o prueba, según el tipo de tratamiento indicado y de acuerdo a las características de la institución en donde se cumplan.

 

El Gobierno de la Ciudad debe cumplir con la normativa legal laboral correspondiente.

  

Artículo 82º.- Actividades interinstitucionales. Los organismos centralizados o descentralizados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán incluir a los tutelados y/o integrantes de su grupo familiar, en todo programa laboral que se instrumente para grupos protegidos, de asistencia social, capacitación laboral y educación con destino a sectores de escasos recursos.

 

Los diferentes organismos del Gobierno de la Ciudad prestarán a la Agencia de Ejecución Penal y Contravencional toda la colaboración directa que fuera necesaria para el acabado cumplimiento de sus fines. Asimismo deberán informarle sobre todo plan o programa asistencial que instrumenten con destino a la población en general.

 

Las dependencias del Gobierno de la Ciudad deben proporcionar a la Agencia de Ejecución Penal y Contravencional los datos, informes y documentación que solicite, en ejercicio de las facultades conferidas por esta ley.

 

Artículo 83º.- Policía. Las autoridades policiales deberán comunicar a la Agencia toda detención de liberados que se encuentren bajo su tutela, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida.

 

Artículo 84º.- Participación comunitaria. La Agencia de Ejecución Penal y Contravencional podrá celebrar convenios con Organizaciones No Gubernamentales con personería jurídica o legal, para la complementación o realización por parte de éstas de las funciones que se le asignan por esta ley, dentro del principio de subsidiariedad, sin declinar sus facultades tutelares de control, supervisión y coordinación.

 

Con tal objeto podrá convenir las compensaciones o contraprestaciones dinerarias o en especies correspondientes, con asignación a sus partidas presupuestarias. En caso de requerirse partidas o fondos no comprendidos en el presupuesto de la Agencia, la contratación deberá ser requerida al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría del Gobierno de la Ciudad que corresponda.

 

Artículo 85º.- Notificaciones. El/la Juez/a competente, en el momento de disponer la libertad y/o suspensión del proceso, labrará un acta de notificación y hará entrega de copia al tutelado, haciendo constar en la misma su obligación de efectuar las presentaciones con la periodicidad que haya dispuesto, las condiciones compromisorias o reglas de conducta impuestas, las consecuencias de su incumplimiento y la dirección de la Agencia de Ejecución Penal y Contravencional de acuerdo al domicilio fijado que supervisará en forma directa la ejecución de la pena o prueba.

 

Artículo 86º.- Comunicaciones. El Juez/a competente, según corresponda simultáneamente con la concesión de la libertad y/o suspensión del proceso, dirigirá la correspondiente comunicación a la Agencia de Ejecución Penal y Contravencional, haciéndole saber:

 

1)      Situación procesal, número de causa o incidente, delito, monto de la pena, fecha de libertad o de comienzo de las medidas, fecha de vencimiento de la pena o de las medidas, domicilio real constituido por el tutelado.

2)      Condiciones compromisorias y/o reglas de conducta impuestas judicialmente.

3)      Antecedentes de interés para el control, asistencia y/o tratamiento del liberado, y cualquier otro dato útil a juicio del magistrado para el adecuado proceso de integración social.

4)      Recomendaciones especiales o pautas específicas para el control, asistencia y/o tratamiento en los casos que así lo requieran.

 

La Agencia de Ejecución Penal y Contravencional informará periódicamente, al/la Juez/a competente, sobre la conducta y situación de sus tutelados.

 

La Agencia de Ejecución Penal y Contravencional colaborará con la autoridad Judicial competente en todo trámite o gestión que le sea requerido y vinculado a la conducta y situación socio ambiental de los tutelados.

 

Artículo 87º.- Revocatoria de la libertad. El/la Juez/a competente, simultáneamente con la revocatoria de la libertad y/o suspensión del proceso, dirigirá la correspondiente comunicación a la Agencia de Ejecución Penal y Contravencional.

 

 Artículo 88º.- Modificación de condiciones compromisorias. Cuando de la correspondiente evaluación del caso, se detectara la conveniencia de establecer, modificar o suspender alguna de las medidas tutelares, la Agencia de Ejecución Penal y Contravencional remitirá un informe fundado al juez interviniente, quien deberá expedirse y comunicar lo resuelto.

 

Cuando el/la juez/a competente no fijara las condiciones bajo las que se debe prestar la asistencia y/o el tratamiento, la Agencia de Ejecución Penal y Contravencional podrá establecerlas según el diagnóstico, problemáticas, prioridades y recursos del tutelado y su grupo familiar y modificarlas de acuerdo a la evaluación periódica que realice.

 

Artículo 89º.- Cambio de domicilio. Cuando razones familiares, laborales y/o de salud así lo justifiquen, la Agencia podrá avalar los cambios de domicilio, transitorios o definitivos, que efectúen sus tutelados, dentro del territorio de la Ciudad, debiendo en todos los casos comunicarlo en forma inmediata al/la juez/a interviniente.

 

Cuando el cambio de domicilio sea solicitado en forma directa por el liberado ante el Juzgado, su titular deberá comunicarlo a la Agencia de Ejecución Penal y Contravencional para el control respectivo.

 

Cuando por razones familiares, laborales y/o de salud el tutelado solicite expresamente ausentarse del país, ya sea en forma transitoria y/o definitiva, la Agencia de Ejecución Penal y Contravencional podrá, si así lo estima conveniente, solicitar la correspondiente autorización judicial. En tal caso, el/la juez/a competente deberá establecer los mecanismos de control y supervisión a través de las respectivas representaciones consulares en el extranjero u organismos post penitenciarios de otros países que hubieran firmado convenios de reciprocidad y/o de transferencia de liberados.

 

Artículo 90º.- Habilitación laboral. Cuando un liberado viere dificultada o impedida la obtención de una licencia, título o habilitación para el ejercicio de oficio, arte, industria, profesión o empleo por la sola razón de sus antecedentes penales, el/la Juez/a competente podrá, por resolución fundada, ordenar a los organismos respectivos la expedición de aquéllos. Con carácter previo a la decisión deberá requerirse informe a la Agencia de Ejecución Penal y Contravencional.

 

Artículo 91º.- Expediente judicial. El/la juez/a competente facilitará la consulta del expediente judicial a los trabajadores sociales y demás profesionales del Agencia de Ejecución Penal y Contravencional que tengan a cargo el seguimiento del caso.

 

Capítulo VIII

Disposiciones complementarias

 

Artículo 92º.- En toda obra pública y/o concesión de la misma y/o contrato de suministro que implique servicios, realizados por el Gobierno de la Ciudad por medio de contratistas privados, cualquiera sea su forma de ejecución, se deberán emplear, en la forma y condiciones que determine la reglamentación, los condenados del régimen abierto a cargo del Servicio de Reinserción Social y los liberados bajo tutela de la Agencia de Ejecución Penal y Contravencional. El porcentaje de condenados y liberados a ocupar en forma efectiva deberá ser equivalente al cinco (5) por ciento del total del plantel afectado a la obra. La relación entre el contratista y el condenado y/o liberado estará regida por las normas del derecho del trabajo y la seguridad social, no asumiendo el Gobierno de la Ciudad responsabilidad alguna en dicha contratación.

 

El incumplimiento por parte de los contratistas de aquella obligación será sancionado con una multa diaria equivalente a cinco (5) salarios mínimos, vitales y móviles diarios por persona no ocupada y por el lapso que abarque el incumplimiento.

 

Exceptuase, de la obligación que impone el presente artículo a todo contratista cuya empresa ocupe menos de veinte (20) trabajadores.              

 

Artículo 93º.- El Gobierno de la Ciudad, a través del Poder Ejecutivo, podrá adherir a los convenios de colaboración, reciprocidad y transferencia de condenados o liberados que el Poder Ejecutivo Nacional acuerde con otros países, siempre que su adhesión favorezca a los intereses de la ciudad y sea concordante con su política de reinserción social.

 

Artículo 94°.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad debe consumir el 20% de la producción que realicen los internos dentro de los establecimientos dependientes de la Ciudad. Siempre y cuando correspondiere.

 

Artículo 95°.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad, podrá suscribir convenios de colaboración y/o reciprocidad, referidos a la ejecución de la pena y a la transferencia de procesados o condenados con el Servicio de Reinserción Social, cuando considere que los mismos favorezcan al cumplimiento de los fines de esta ley y los intereses de la Ciudad.

 

Artículo 96º.- El/la Juez/a competente al establecer el cumplimiento de las penas, deberá contemplar la viabilidad de su ejecución en mérito a la estructura penitenciaria existente en el ámbito de la Ciudad y/o de otros organismos públicos y/o privados con quienes el Servicio de Reinserción Social haya convenido el alojamiento de los condenados sujetos a este régimen.

 

Artículo 97º.- Comuníquese, etc.

 

 

Fundamentos

 

Sr. Presidente:

 

                        El objeto de la presente ley es establecer los lineamientos generales y los principios básicos de un sistema que se caracterice por ser eficaz, eficiente y moderno, que tenga por finalidad lograr la reinserción social de todos aquellos condenados la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Su contenido está orientado a modificar un concepto instalado tanto en la sociedad civil como en los hacedores y ejecutores directos de las políticas penitenciarias. Es por ello que considero que el nombre con el que esta ley designa a lo que, comúnmente se llama Servicio Penitenciario, denominándolo Servicio de Reinserción Social, así como también a los funcionarios responsables del desarrollo de la importantísima función de la reinserción social, encierra básicamente la filosofía con la que el presente proyecto de ley quiere defender y transmitir. Con esto se postula un cambio de paradigma en la ejecución de la pena.

 

Todos y cada uno de los funcionarios de los establecimientos de Reinserción Social deben cumplir acabadamente con el compromiso ético para que los postulados de las convenciones internacionales y las recomendaciones de Naciones Unidas encuentren su correlato en la dedicación, en el trabajo diario y en la priorización de acciones de prevención sanitaria que incluyan la higiene, la alimentación y las condiciones de habitabilidad de los establecimientos.

                       

Este proyecto sostiene y defiende principios básicos para la vida de un ser humano sea sin hacer distinciones entre la vida en un medio libre o cerrado. En primer lugar, los condenados deben ser alojados en diferentes secciones dentro del establecimiento, según sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles. En segundo lugar, las celdas o los cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por un solo interno. Por último, los medios de coerción tales como cadenas, grillos, camisas de fuerza nunca deberán aplicarse como sanciones. Sólo podrán utilizarse esposas como medida de precaución contra una evasión durante un traslado.

 

                        El Estado, utilizando el tiempo de estadía del interno en un establecimiento del Servicio de Reinserción Social, debe aplicar medidas tendientes a que las personas privadas de su libertad internalicen normas de convivencia, facilitando con ello su vida en comunidad. De este modo, logrará reducir las diferencias existentes entre la vida en prisión y la vida libre.

 

Los lineamientos generales de las políticas a desarrollar por el Servicio de Reinserción Social con las personas privadas de la libertad tienen como pilares básicos la educación, la salud y el trabajo siempre considerando el respeto a los derechos humanos como valor fundamental.

 

El Estado debe respetarlos y ser su garante no debiendo ser ni protagonista ni cómplice silencioso de situaciones que violen los derechos humanos de los individuos. Resulta indiscutible que es indelegable la obligación ética del Estado de preservar a toda persona privada de libertad de los efectos colaterales, negativos, no deseados ni buscados, del encierro.

 

Este es el camino correcto para reducir los altos índices de reincidencia, los niveles de violencia y los hechos delictuales que actualmente azotan a nuestra Ciudad. Es por esto que estoy convencida que debemos crear una Agencia de Ejecución Penal y Contravencional y un Servicio de Reinserción Social que transmita los valores de educación, trabajo y respeto como pilares de la construcción de la dignidad humana y de la vida en sociedad. Siendo así es que, sostengo que los servicios educativos para los internos deben estar presentes en todos sus niveles. La salud, como valor individual debe ser garantizada y respetada, y debe ser una enseñanza continua como valor que posee la vida propia y la ajena. A su vez, el trabajo debe ser transmitido como valor en sí, es por eso que la formulación de proyectos de trabajo y producción para ser desarrollados por los internos debe ser una obsesión para los funcionarios que tengan a su cargo esta fundamental tarea.

 

Asimismo, para el éxito de una política de reinserción social es fundamental que se efectúen y cumplan requisitos de selección, capacitación y profesionalización del personal que desarrollará esta fundamental tarea social. Las organizaciones de la sociedad civil deben formar parte de este proceso, deben estar incluidas. Todo lo anterior debe ser envuelto con la infraestructura y equipamiento adecuados para estos fines.

                       

                        Es por lo expuesto precedentemente, que solicito la aprobación del presente proyecto de Ley.

 

 


Para más información
www.silvialaruffa.com.ar 

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Buenos Aires, 5 de abril de 2005.

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