Ciudad de Buenos Aires - Barrio de Palermo en Palermonline Noticias - Fecha 28-10-2005 Argentina

Opinión
DELITO Y CAMBIOS CULTURALES

El crecimiento del delito constituye una tendencia mundial, con manifestaciones claras en países
centrales y con una marcada presencia regional a la que no ha escapado casi ningún país
Latinoamericano.
POR ALEJANDRO ISLA, COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y POLÍTICA

Flacso Sede Argentina
[email protected] - Ayacucho 551 - Tel 5238-9335

Dentro de los innumerables sentidos de ‘la violencia’ que le dan los actores, pero también los
especialistas de diferentes disciplinas, que nunca terminamos de ponernos de acuerdo sobre ‘un
sentido’, tomaré especialmente en estas notas la cuestión de la violencia delictiva parte de lo que
hemos denominado ‘violencia urbana’. La ‘violencia delictiva’ es un problema de la actual
agenda pública y además foco de investigación del Programa de Antropología Social y Política
de FLACSO. Es un problema acuciante y grave baste detenerse un segundo en el reciente “motín
por una pelea” (versión oficial) de la cárcel de Magdalena con más de 30 muertos para ponderar
la gravedad de la situación.

La amplia mayoría de los muertos eran procesados (no condenados);
o sea, ‘inocentes’ desde la perspectiva de la justicia, además de estar en un pabellón de buena
conducta. La detención, basada en la institución de la “prisión preventiva” se transformó de
hecho en una pena de muerte. Sin ser alarmistas, la cárcel actual se parece bastante a ese tipo de pena, pues las autoridades de los servicios penitenciarios, o sea, el Estado en esa institución, no garantiza la vida de los detenidos: son frecuentes los ajustes de cuentas (“muertes en pelea” en los patios y pabellones) muchas veces promovidos desde los penitenciarios, los pequeños
motines que finalizan con alguna muerte, y además el HIV muy extendido y sin datos oficiales.
En la última década el delito se ha instalado en la Argentina como ineludible problema social.
Tanto la inusitada atención que los medios prestan a la cuestión, como su aparición recurrente en
las campañas políticas, indican que el crecimiento del delito preocupa a la sociedad.

Esta
emergencia del delito como problema social no responde a un sólo orden de factores causales,
sino que intervienen en su construcción tanto elementos de orden objetivo como subjetivo. Del
lado de las tendencias objetivas podrían indicarse un pronunciado crecimiento de las tasas
delictivas vinculadas a las transformaciones sufridas por la estructura social desde mediados de
los setenta. Sumariamente, el crecimiento del desempleo, el empobrecimiento consecuente y las
crisis que esto produjo en algunas de las instituciones socializadoras tradicionales (como la
escuela, la familia, el trabajo y las relaciones vecinales de reciprocidad) han favorecido la
proliferación del delito.


Un segundo grupo de procesos que contribuyen al crecimiento del delito ocurren por la particular
historia y tradiciones de las agencias estatales de seguridad, más las formas en que el sistema
judicial y político se han articulado con estas, produciendo una suerte de sistema de recaudación
paralelo basado en relaciones cuasi-feudales con el mundo del delito. Esta forma de organización
corporativa promueve delitos tanto por que incurre en la violación de los derechos ciudadanos,
como por que da lugar a la comisión de delitos comunes por las supuestas ‘fuerzas del orden’
Pero la mera ocurrencia de estos fenómenos no determina que sean percibidos como verdaderos
problemas por la sociedad. Hay una distancia entre la mera ocurrencia de un hecho social y la
manera en que el cuerpo social toma conciencia de él y lo pondera.

Como lo mostraron tempranamente algunos estudios de las ciencias sociales es la percepción que
se construye sobre un determinado proceso social lo que lo transforma en un problema acuciante,
en algo que preocupa a la sociedad y que consecuentemente esta intenta ‘resolver’. En esta vena,
y pensando en la Argentina actual, uno podría preguntarse por qué son ciertas formas del delito
como el robo a mano armada, el homicidio en ocasión de robo y los distintos tipos de secuestros,
los que se han transformado en verdaderos problemas sociales. Por que si bien es cierto que, tal
como lo sugieren diversas fuentes estadísticas, estas formas del delito han proliferado
significativamente, las tasas de mortalidad muestran que es mucho más probable morir o sufrir
lesiones en un accidente de tránsito que en un asalto a mano armada. Sin embargo, la población
reclama prioritariamente soluciones al problema de la ‘seguridad pública’ y solo
secundariamente el ordenamiento del tránsito local. En el mismo sentido podemos preguntarnos
por qué son estas formas del delito las que la población percibe como más graves, cuando es
posible que otras formas de trasgresión como las estafas al Estado, la corrupción de los
funcionarios, etc. produzcan todavía mayor daño al cuerpo social que los atentados ocasionales
contra la propiedad privada que comete algún delincuente común.

En esta sintonía es que también debemos entender el debate sordo, pero también a veces
estridente y mediático, respecto a la definición de ‘seguridad pública’ y a las propuestas en torno
de su implementación. Así como alrededor de la noción de ‘violencia’ se desarrolla una
controversia teórica en las ciencias sociales que llega hasta nuestros días, también se registran
diferentes posiciones sobre los alcances de lo que comprende la idea de ‘seguridad pública’,
entendiendo a ésta (y ya es un punto controversial) en el sentido amplio de los derechos
humanos, políticos como sociales, que constituyen la ciudadanía. Por ello, es importante situarse
en las antípodas de quienes entienden el problema de la ‘seguridad pública’ desde la única
perspectiva de garantizar la ‘seguridad física de personas y bienes’ proponiendo una represión
más eficaz sobre contraventores y delincuentes. A esta concepción que se popularizó bajo el
nombre de teoría de la ‘ventana rota’ y de la ‘tolerancia cero’ (del tandem Giuliani y el teniente
Bratton en Nueva York y que aquí popularizó Ruckauf entre otros) se le opusieron modelos y
experiencias más integrales y preventivas en los mismos EU, Francia, Canadá, y especialmente
en los países escandinavos. Las causas de la violencia delictiva (o cualquiera de sus formas)
deben buscarse y construirse en procesos multidimensionales complejos. Entonces, su remedio
será también un proceso sociocultural complejo, no basado sólo en ‘más policías’, ‘más
patrulleros’, ‘saturación de zonas urbanas’, ‘civilizar a los pibes que toman cerveza en el cordón
de la esquina’ (tema que aparece muchos en los Foros de Seguridad), etc.

De esta forma se debe concluir que el surgimiento de ciertas formas de delito como problema
social, no es producto de la evolución de las tasas delictivas per se, sino de la percepción que de
ellas ha desarrollado la sociedad. Esto implica que entender el crecimiento del delito como
‘problema’ de la sociedad argentina obliga a estudiar, además de los procesos estructurales e
institucionales mencionados, la compleja interacción entre los medios masivos de comunicación,
la sociedad civil y los actores políticos que van proponiendo lecturas particulares de las
tendencias objetivas influenciando (sin determinarla por completo) el estado de la opinión
pública. Así, para comprender el problema del delito en la Argentina se deben abordar al menos
tres tipos de procesos:

i) Los efectos de la transformación de la estructura social en los estilos de vida de la población,
particularmente sus efectos sobre la capacidad socializadora de instituciones tradicionales. Al
mismo tiempo, las respuestas que se han ido generando desde los actores sociales y las nuevas
formas de la cultura política que enmarcan esas respuestas.
ii) La cultura, historia y prácticas de las agencias estatales de seguridad y sus articulaciones con
el sistema político y judicial.
iii) El estado de la opinión pública, considerando la interacción entre medios, agentes estatales y
sociedad civil.

De todas formas, el crecimiento del delito fue pronunciado en las últimas décadas. Según datos
del Instituto Nacional de Reincidencia Criminal (datos de causas radicadas en juzgados
federales) hubo un total de 313.315 causas por todo tipo de delito en 1982, que habrían crecido a
519.139 en 1992 y a 1.340.529 en 2002. Las comparaciones muestran tendencias muy
pronunciadas: habría un crecimiento del 65.6% en la primera década considerada y del 156.22%
en la segunda. O sea, entre el 82 y 02, en 20 años, el crecimiento fue del 327,9%. Muy por
encima de cualquier tasa de crecimiento demográfico de la población.

Una segunda fuente consiste en datos elaborados por la Dirección Nacional de Política Criminal
en base informes policiales. Estos datos, algo más refinados al permitir la confección de tasas
proporcionales al total de la población, confirman la tendencia al mostrar una tasa que
evolucionó a nivel nacional de 1.722 delitos por cada 100.000 habitantes en 1990 a 2.904 para
1999 (Infodécada, 1999). Dentro de esta tendencia general puede notarse un fuerte salto en la
segunda mitad de los noventa: la tasa que entre 1990 y 1993 había oscilado entre 1.722 y 1.484
sin mostrar una tendencia determinada, comienza un despegue claro entre 1994 y 1999, pasando
de 1.828 a 2.904 delitos por cada 100.000 habitantes por año. Es decir, un crecimiento del
58,8% en 6 años.

De manera que estas fuentes independientes parecen indicar un pronunciado crecimiento del
delito durante las últimas décadas en la Argentina y que la sociedad esta padeciendo de altos
niveles de victimización en el último lustro.

Sin embargo este crecimiento del delito es similar al de los otros países de la región, pero aquí la
sensación de inseguridad es mucho mayor. En todos ellos, en menor o mayor medida, se
aplicaron reformas neoliberales expulsivas con aumento de desocupación abierta, precarización
del empleo, pérdida de capacidades laborales, etc. El caso argentino es particular pues amplios
sectores de la sociedad habían accedido al empleo estable y se había conformado una cultura
obrera y del trabajo inclusiva, como sostén de redes e identidades sociales. Sin embargo, estas
transformaciones fundamentales de la sociedad y del Estado durante la última dictadura,
profundizadas en los ’90, no logran explicar el fenómeno del crecimiento, y especialmente de la
percepción de delito que se ha desarrollado.

El crecimiento del delito constituye una tendencia mundial, con manifestaciones claras en países
centrales y con una marcada presencia regional a la que no ha escapado casi ningún país
Latinoamericano. En este escenario, la Argentina esta lejos de ubicarse entre los países más
afectados. Por ejemplo, si tomamos como referencia a las tasas de victimización por robo con
uso de violencia, Brasil o Colombia (con un 11,3% y 10,6% respectivamente) sufren el
problema bastante más que Argentina (6,6%) o Paraguay (6,7%). Si pensamos en homicidios,
Argentina se ubica en una posición intermedia, con una tasa que osciló alrededor del 7,5 cada
100.000 habitantes en la década del noventa, por encima de la de Chile (en torno a los 2,9) pero
bastante por debajo de El Salvador o Colombia, con 165,5 y 78,5 respectivamente para 1994.
Pero pese a tener tasas de criminalidad comparativamente bajas, Argentina es el país de América
Latina con mayor sensación pública de inseguridad.

La sensación de inseguridad se construye en base a indicadores indirectos, como por ejemplo, la
tasa de denuncias por delitos, la confianza en la policía, o en la justicia, etc. Y aquí se puede ver
que en la Argentina las instituciones encargadas de la seguridad y administración de justicia
están ampliamente cuestionadas y además son percibidas como productoras de delito. O sea, no
es solamente que hay ineficacia en la función o algunos agentes sospechados de corrupción, sino
que la policía aparece en los medios, pero también en la experiencia cotidiana de la calle y del
vecindario, como productora de delito, en la medida que lo hace o que lo protege. Hay una
percepción muy extendida de corrupción en las instituciones públicas que dejan a los ciudadanos
indefensos, además de las diarias sospechas sobre la policía.

Este no es un problema menor para la democracia y los gobiernos, pues la policía es una de las
instituciones esenciales del Estado. La desconfianza y el temor que engendra restan legitimidad
al Estado y es un deber pendiente de la democracia, que imagino contemplado como prioridad
cuando el presidente en sus discursos dice que “debemos mejorar la calidad institucional”.
Algunas de las causas del desmadre institucional de la policía se pueden observar en cambios
culturales que se produjeron a partir de mediados de los ’70 y otros a partir del menemismo.
Estos cambios culturales afectaron no solo a la institución policial, sino que tuvieron profundas
repercusiones en el mundo de la delincuencia.

Sin intentar una descripción pormenorizada de esas causas, se deben señalar por lo menos dos
durante la dictadura, que se reproducen en la institución hasta el presente. Por un lado, su activa
participación en los llamados Grupos de Tareas, con la práctica de ‘zonas francas’ que
permitieron, no sólo violaciones de derechos humanos, sino además el robo, la violación y el
secuestro extorsivo desde la legitimidad de la fuerza del Estado. Lo cual, incorporado en el
sentido común de la institución, generó una extendida sensación de impunidad.
La segunda cuestión importante es que esa misma dinámica (o accionar) se fundamentó en la
lógica de guerra de crear permanentemente la oposición amigo – enemigo. Uno debe recordar
que durante la dictadura se tuvieron “3 guerras” desde el Estado que involucraron a gran parte de
la sociedad: “la guerra contra la subversión”, “la guerra contra Chile” (que no se dio
milagrosamente, pero se hicieron ejercicios, simulacros de bombardeos, y se renovó gran parte
del armamento) y la “guerra de Malvinas”.

Ambas cuestiones, impunidad más lógica de guerra, generan en una institución fuertemente
militarizada una cultura que es muy difícil revertir. Los ’90 agregaron a este espeso caldo, dos
cuestiones más: la fuerte penetración y masificación del consumo de droga y la ampliación del
mercado de armas con varios proveedores clandestinos, pero vinculados directa o indirectamente
a instituciones del esta de defensa y seguridad.

Por fin, otro invento de los ’90 que no se puede soslayar: la profusión de agencias de seguridad
privada cuyo personal en las diferentes jerarquías y mayoritariamente son ex miembros de
aquellas fuerzas, sancionados por algún motivo. Además, la mayoría de esas agencias mantienen
los vínculos con las instituciones madres de la seguridad del Estado.

Pero no debe quedar una visión simplificadora y maniqueista del rol y el accionar de la policía.
En todas las sociedades conocidas y estudiadas por la antropología el hombre requiere de un
orden social, desea vivir en orden, más allá de que en algunas se practican rutinariamente
excusiones violentas contra sus vecinos, vendettas y guerras periódicas seguidas de períodos de
tranquilidad y recomposición de las relaciones sociales en la paz. El deseo de orden es universal
y muy diferente entre una y otra sociedad. Cuando más compleja la sociedad más diferenciados
son los roles institucionales en relación al orden y a la seguridad pública, hasta que aparece la
policía con todas sus divisiones y especializaciones internas. Debemos recordar que en el
castellano antiguo del XVI – XVII “dar policía” era dar orden.

En Argentina contemporánea detrás de la sensación de la inseguridad, que comprende la
desconfianza a la policía, muchas veces se está reclamando como solución desde la sociedad
“más policía” y también “mano dura”. Es una contradicción y enigma interesante de resolver
pero en un amplio segmento de la sociedad el deseo de orden se superpone o refuerza con el
imaginario que aún queda del “policía de la esquina” que existió en otro tiempo de la Argentina.
O sea, se está pensando en ‘ese’ tipo de policía. El reclamo de “mano dura” que en principio es
para la ‘delincuencia’, a menudo tiene el amplio significado que abarca a ‘toda la delincuencia’
desde la percepción de la sociedad; o sea: policías, jueces y políticos corruptos. Pero también es
un reclamo encubierto por las fallas de la justicia y entonces una denuncia a sensación de
impunidad que aún sobrevuela la Argentina.

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