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"Allí detectamos
una puerta cerrada y cuando la abrimos vimos a
un chico de 17 años que estaba maniatado
a la espalda, boca abajo, atado con una soga a
la cama, que cuando nos vio, levantó la
cabeza y nos dijo: 'Mamá'",
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Jóvenes con chalecos de fuerza,
internados en una clínica porteña La denuncia
fue presentada por una defensora oficial, después de
hacer una inspección sorpresiva. Encontró a menores
internados junto a mayores y a dos chicos atados a la cama.
El centro trabaja en convenio con la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia de la Nación.
La Justicia porteña investiga
las condiciones en que están internados niños,
jóvenes y adultos en una clínica psiquiátrica
del barrio de Palermo. La denuncia fue radicada por una defensora
de menores, quien tras una inspección sorpresiva a la
institución detectó, entre otras irregularidades,
niños internados, sujetados con chalecos de fuerza y
atados a la cama.
La denuncia fue efectuada el viernes
7 de septiembre último y el mismo día concurrió
al lugar el fiscal en lo Contravencional Carlos Andrés
Gómez Ríos, quien pudo comprobar las "condiciones
infrahumanas" en que se hallaban internados algunos pacientes,
según reveló a este diario una fuente del Ministerio
Público porteño.
El fiscal investiga además el
presunto hostigamiento de los responsables de la clínica
hacia la defensora y una colaboradora que la acompañaba,
para que cese la inspección. La institución denunciada
es la Clínica de Psicopatología Nuestra Señora
de Luján, que funciona en la calle Cabrera 3373, en el
barrio de Palermo. Se trata de una institución que tiene
convenio con la Secretaría de Niñez, Adolescencia
y Familia de la Nación, desde donde le derivan pacientes
judicializados por patologías psiquiátricas. El
caso se generó a partir de la visita a la institución
de la defensora pública de menores e incapaces en lo
civil, María Carolina Paladini.
La funcionaria concurrió al lugar,
en su condición de coordinadora de la Comisión
de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas,
Niños y Adolescentes de la Defensoría General
de la Nación, cuya misión es supervisar las condiciones
de internación de los menores alojados tanto en los llamados
institutos correccionales como en clínicas psiquiátricas.
La visita, a su vez, se había originado en la denuncia
presentada por la tutora pública oficial Liliana Iurman,
sobre la posible sujeción de pacientes con chalecos de
fuerza en esa clínica psiquiátrica. "No
encontramos a este chico, ya que había sido trasladado
a otra institución, pero vimos en una de las salas a
una chica de 22 años enchalecada y atada con una soga
a la cama, a la que una enfermera le daba la comida",
contó la defensora a Página/12. La enfermera explicó
que la chica estaba en esa situación por orden médica
"debido a que se tornaba muy agresiva y podía autoagredirse
o agredir a terceros".
En su denuncia, la defensora relató
que la enfermera no tenía asistente y atendía
sola a nueve pacientes; que las jóvenes internadas estaban
"vestidas con prendas en estado deplorable" y que
era "notorio el olor a orina que se encontraba en el ambiente".
En otro sector del mismo piso, la defensora se encontró
con el lugar de internación de los varones, donde "había
menores y mayores juntos", y en un pequeño cuarto,
ocho personas almorzando. "Allí detectamos una puerta
cerrada y cuando la abrimos vimos a un chico de 17 años
que estaba maniatado a la espalda, boca abajo, atado con una
soga a la cama, que cuando nos vio, levantó la cabeza
y nos dijo: 'Mamá'", relató Paladini a este
diario. "Les pedí la orden médica que indicara
esa forma de sujeción, pero dijeron que no la encontraban
–agregó la funcionaria–. Al final, la enfermera
reconoció que no podía con todos, entonces ataba
a este chico para que después darle de comer a él
solo."
Como si ese cuadro no fuera suficiente,
la funcionaria judicial detectó la presencia en el lugar
de un adolescente que no presentaba un cuadro severo, como el
resto de los internados. Le respondieron que se encontraba allí
"en forma transitoria, debido a la falta de camas".
Las condiciones de internación
quedaron plasmadas en fotografías, que fueron tomadas
por una colaboradora de la defensora. "Aunque no se tomaron
fotos de pacientes, sino de las condiciones edilicias, una enfermera
comenzó a increparnos y llamó al personal de seguridad",
relató Paladini. "Eran tres personas, uno de ellos,
llamado Gabriel, era el más agresivo y alterado. Nos
decían que estábamos en el lugar sin autorización",
agregó. Fue entonces que, según relató
Paladini, apareció el director de la institución,
el médico Luis Dacuña, quien intentó justificar
el clima reinante entre su personal argumentando: "Están
un poco alterados, muy susceptibles, debido a las denuncias
y auditorías que se hacen".
Las cosas no terminaron allí:
las dos mujeres fueron llevadas a la dirección, donde
fueron interrogadas "en forma intimidatoria y amenazante"
por el director, el abogado de la clínica, Germán
Giménez, y el mencionado Gabriel. "No había
forma de hacerles entender la función de la Comisión
de Seguimiento y las inspecciones que se hacen en ese marco",
explicó Paladini. Por esa circunstancia, la defensora
presentó una denuncia en la Comisaría 21, por
la presunta contravención de hostigamiento. Esa denuncia
fue radicada en la Fiscalía N 5, a cargo de Carlos Gómez
Ríos, quien de inmediato concurrió al lugar y
comprobó que "las condiciones en que se encuentran
los internos son de terror", según confió
una fuente de la fiscalía. El fiscal pidió un
informe al Gobierno de la Ciudad para constatar si la clínica
se encuentra correctamente habilitada.
Ayer, la doctora Paladini ratificó
su denuncia ante esa fiscalía. En forma paralela, una
copia de la denuncia fue girada a la Fiscalía de Instrucción
en lo Criminal N° 2, donde se investiga el delito de "abandono
de persona". La sujeción de pacientes psiquiátricos
no está prohibida expresamente por la ley, pero sí
por la Convención Internacional sobre Salud Mental y
por la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Como resultado de la inspección, también pudo
saberse que los niños allí internados no tienen
juguetes ni material didáctico. El centro asistencial
cuestionado tiene convenio con la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia, que deriva pacientes judicializados
que necesitan internación por problemas psiquiátricos.
Página/12 consultó a la secretaría su opinión
sobre lo ocurrido, pero no obtuvo respuesta en esa dependencia.
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