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Dictan medida cautelar contra el Gobierno Porteño a favor de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "SOFÍA E. BROQUEN de SPANGENBERG", ubicada en Salguero y Juncal en Pleno Palermo.


Fuente:
palermonline
Sección: el niño Rico de Macri contra las cooperadoras escolares.
Fecha: 27 de junio de 2008

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Aguanten las COOPERADORAS ESCOLARES.!!!

Los privatizadores del estilo de los Macristas son personas sin escrupulos por lo que es público. Y ven en todo lo que es participación ciudadana enemigos intimos.

Macri la Escuela funciona gracias a la Cooperadora no a la gestión pauperrima de tu Ministro de Educación.

Por Ernesto "periodista macrista" Magneto

Como un tipo que vive y vivió de lo privado va a entender lo que es una cooperadora Escolar!!!. Jamás, Macri lo tuyo es lamentable. Volve a lo privado que ese es tu lugar. No mandaste ni a tus hijos a colegio público caradura.!

Ese es Macri una muy mala persona que junto a su ladero privatizador Larreta, y sus vomitivos ejercitos de empresarios devenidos ahora en Diputados a sueldos públicos No quieren saber nada de la palabra Cooperadoras Escolares.

Sin Destino a una gestión lamentable PRO
Pasaron 6 meses y los baches, la seguridad, el colapso de transito continúan, pero tienen tiempo para joder a las cooperadoras Escolares de la Ciudad!!!

Ya reventaron todo tipo de Cursos culturtales gratuitos en las CGPs de la Ciudad y el Gremio Estatal al parecer tiene un letrago total con retraso mental y amnesia galopante. Además quieren privatizar el parque tres de Febrero y para colmo quieren desarticular todas las cooperadoras escolares de la Ciudad.

PERoooo.

Informamos a los padres y docentes de la escuela:

DICTAN MEDIDA CAUTELAR CONTRA EL GOBIERNO PORTEÑO A FAVOR DE la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "SOFÍA E. BROQUEN de SPANGENBERG"

Nos complace informarles que el 23 de junio pasado, la Justicia resolvió ordenar al Ministro de Educación de la Ciudad que en el plazo de 10 días adopte todas las medidas necesarias para realizar los trabajos de mantenimiento que requiere la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "SOFÍA E. BROQUEN de SPANGENBERG". Esta resolución responde al amparo que presentamos, con el respaldo de la Asociación Cooperadora y de la Directora de la escuela, Prof. Silvia Alterisio.


El recurso de amparo surgió como respuesta a la suspensión de los subsidios gubernamentales, dispuesta por el artículo 15 de la Ley de Emergencia Edilicia de los Edificios Educativos, aprobada en diciembre de 2007. Confiamos en que la orden de la Jueza Liberatori (Juzgado de 1ra Instrucción en lo contencioso Administrativo y Tributario N°4, Sec. 7) se cumpla de manera efectiva en los plazos estipulados, para evitar la paulatina degradación del edificio de nuestra escuela y para asegurar un ambiente digno y seguro para nuestros hijos.

 

AQUí

la demanda al Gobierno Macrista

Síntesis de la Demanda presentada por el Dr. Sergio Carciofi

Autos :
KOSEL ANA CARINA Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)
Juzgado :
JUZGADO 1ra INST. EN LO CONTENCIOSO ADM. Y TRIB. Nº 4, Sec. 7 a cargo de la Dra. Elena Liberatori

Hechos :
El día 16/4/2008, recibimos una nota de la Asociación Cooperadora "John F. Kennedy", solicitando que, como consecuencia de no haber recibido "subsidios correspondientes a este año bajo la modalidad que era habitual ni se han implementado cambios en la forma de otorgarlos, lo que nos enfrenta a una gran incertidumbre. Necesitamos del aporte de todas las familias de la escuela (.)". Asimismo pone a disposición el cuadro de ingresos de la asociación cooperadora, del cual fácilmente se puede inferir que casi el 20% de los ingresos proviene del subsidio gubernamental y que más del 65% es aportado por los padres en concepto de cuotas sociales; el resto de los ingresos se reparte de cánones relacionados con actividades de librería, cantina, etc., los cuales no llegan al 15% de los ingresos totales. Aún así, la Cooperadora nos informa que en el transcurso del año 2007 los gastos superaron en alrededor de un 30% los ingresos descriptos.

Como es de público conocimiento y como lo establece la ordenanza 35.514/1980, la asociaciones cooperadoras son promovidas por el Estado Municipal con el objeto de "(.)

  • hacerlos partícipes, a través de dichas asociaciones, del quehacer comunal, de manera que coayuden al logro de los objetivos perseguidos por el respectivo instituto" (art. 4), estableciendo como sus fines "
  •  Colaborar con el respectivo instituto municipal en la consecución de sus objetivos.
  • Ser vehículo transmisor ante la comunidad de las necesidades, requerimientos y actividades desarrolladas por el instituto municipal.
  • Captar fondos para posibilitar el logros  de sus objetivos." (art. 5).

 Es decir, en definitiva, cumpliendo con el mandato del art. 24 de la Constitución de la CABA , que por imperio de nuestra norma fundamental y tratados internacionales de la misma jerarquía le fue exigido. Pero, como también es sabido, la situación económica de nuestro país y los continuos malos mandatos gubernamentales (baste con recordar la última crisis social, económica y política acaecida en diciembre de 2001) llevaron a este tipo de asociaciones cooperadoras a ser las únicas sostenedoras del sistema educativo público y gratuito. O sea, fue y es la solidaridad de la comunidad educativa (alumnos, padres y docentes) la que ha hecho posible el mantenimiento de nuestra educación pública, a pesar de las continuas crisis económicas, sociales y políticas de nuestro país, sin recibir más que escasos subsidios y promesas gubernamentales de mejoras. 

 Respecto del mantenimiento edilicio de las escuelas públicas, las asociaciones cooperadoras son, no solo las únicas entidades que de manera efectiva llevan adelante, con los escasos aportes gubernamentales y, fundamentalmente, con el aporte de los socios, el mantenimiento diario de cada inmueble, sino que el Gobierno de la CABA encomienda e instruye a que realicen estos trabajos. Tal es así que a comienzos del ciclo lectivo del año 2007 la Asociación Cooperadora "John F. Kennedy" recibió del Gobierno de a CABA un Manual de Mantenimiento del edificio escolar con recomendaciones e instrucciones que mensualmente debían ejecutarse, razón por la cual, adjunto a ese manual, se envió un "Calendario de Mantenimiento del Edificio Escolar" (se adjuntan como prueba documental  2).

Es así que, en la mayoría de las escuelas públicas de la ciudad en general la obligación gubernamental se reduce solamente al pago de los salarios docentes y de los servicios (luz, gas, teléfono). ¿Esto es asumir "la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades" como lo sostiene el primer párrafo del art. 24 de la Constitución de la CABA?! Evidentemente, no. Sin embargo el compromiso de los ciudadanos y las distintas vías de gestiones han hecho posible sortear penosamente la situación, con la esperanza de ver que, en un futuro cercano, una suficiente asistencia financiera coloque a la nuestra educación en los niveles de financiamiento y excelencia que todo ciudadano de la ciudad necesita y se merece en estos tiempos de difícil inserción social y económica.

Pero la falta de compromiso con la educación pública y el desconocimiento real de la situación educativa por parte de quienes hoy tienen el mandato de asegurar, como lo dice la constitución, una educación gratuita, llevó a la Legislatura de la CABA a sancionar, el 29/11/2007, la ley 2.565, promulgada por el Decreto Nro. 2.108/2007, cuyo artículo 15 dispone: "Durante la vigencia de la presente ley se suspende la aplicación de las Ordenanzas Nros. 42.581, 43.409, 46.243, sus modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, y de toda otra norma que se oponga o superponga a los objetivos de la emergencia de la infraestructura de los establecimientos educativos de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires." Es decir, el PODER EJECUTIVO DE LA CABA y el MINISTERIO DE EDUCACION DE LA CABA deja sin efectos, de un plumazo, todos los subsidios a las asociaciones cooperadoras de las escuelas públicas de la CABA.

     Esta disposición no solo genera incertidumbre sino que, además, produce un desfinanciamiento que, como consecuencias, agrava la ya situación de emergencia que viven los establecimientos y genera serios trastornos y perjuicios en el funcionamiento diario de las escuelas públicas en general y, particularmente, en la escuela donde asiste nuestra hija.

Prueba de ello, además de las ya mencionadas, está el detalle del destino de los subsidios correspondientes al año 2007 , en los cuales se especifica los gastos que, por mantenimiento del edificio, la Asociación Cooperadora "John F. Kennedy" tuvo que incurrir... se evidencia que, por causa de la suspensión de los subsidios dispuestos por el artículo 15 de la ley 2.565, durante el año en curso no se podrán cubrir los siguientes gastos de mantenimiento edilicio, de los cuales, en honor a la brevedad, mencionamos solamente los siguientes:

.         Materiales eléctricos (interruptores, cables, fichas, balastos, linternas, lámparas, pasacables, prolongadores, abrazaderas, tomas exteriores e interiores, equipo de mercurio halogenado intemperie, aros lámparas, cinta aisladora, llaves termomagnéticas, borneras,  etc.)
.         Materiales de escritorios.
.         Copias de llaves.
.         Repuestos y revisión de calefacción.
.         Inspección de mantenimiento y repuestos de ascensores (esencial para el uso de alumnos discapacitados)
.         Repuestos y trabajos sanitarios.
.         Limpieza y desinfección de tanques de agua, y análisis de agua potable.
.         Trabajos de albañilería.
.         Reparaciones exteriores, arreglos de portones de entrada.
.         Picaportes y reparación de cerraduras.
.         Pintura.
.         Elementos de limpieza.
.         Inspección cloacal.
.         Limpieza pozo de achique.
.         Otros.

Nótese, además, que los subsidios, cuya rendición se adjuntan como prueba documental, fueron entregados en cuatro etapas: La primera en marzo de 2007 y la segunda y tercera ¡EN NOVIEMBRE de 2007!, cuando ya había finalizado el ciclo lectivo. ¿Qué decir, entonces, de la cuarta y última cuota, la cual fue entregada a la Asociación Cooperadora en diciembre de 2007? El despropósito y la desidia de la administración del Estado comunal para con la educación pública es fenomenal, y no solo eso, sino que además se pretende directamente y sin el menor escrúpulo suspender dichos subsidios, los cuales, por otra parte no llegan a cubrir el 50% de los gastos anuales que por mantenimiento se debe afrontar en cada ciclo lectivo.

Hasta el año 2007 la Asociación Cooperadora (los padres con sus cuotas N de la R) ha tenido que solventar, con fondos propios, los gastos por mantenimiento que, mucho tiempo después, con los subsidios lograban ser reembolsados; ahora la Cooperadora debe seguir afrontando esos gastos, pero sin recibir reembolso alguno por parte de la demandada por estos conceptos.

Como respuesta a ello, la demandada puso un "call center" (Centro de comunicaciones telefónico) para que las Cooperadoras canalicen por ese medio las urgencias por mantenimiento. El absurdo de la propuesta es de por sí evidente, ya que, si ni siquiera la demandada podía entregar en tiempo y forma los insuficientes subsidios  que por ordenanza se asignaban por estos conceptos, menos podrá, a través de una línea telefónica , cubrir todas las necesidades de mantenimiento de todos y cada uno de los edificios escolares de la ciudad; cuyo estado de emergencia es harto reconocido.

Tal es así que al día de la fecha dicho "call center" resulta inútil y obsoleto y en razón de ello la legisladora Liliana Gómez, presentó, con fecha 16/5/2008, un proyecto de Ley solicitando: "Déjese sin efecto el articulo 15º de la Ley de Emergencia de la Infraestructura Escolar de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley Nº 2565 - BOCABA Nº 2836)." Esgrimiendo entre sus fundamentos que: ". con fecha 3 de marzo del corriente, el Ministerio de Educación lanzó un call center para recibir los reclamos relacionados con la infraestructura escolar que antes se abordaban a través de los subsidios suspendidos.

Según trascendió en los medios de comunicación y nos lo hicieron saber representantes de distintas asociaciones cooperadoras, este 0800 no cumplió su objetivo de dar respuesta a las múltiples demandas que los directivos de las escuelas realizan diariamente, generando importantes dificultades a la hora del normal funcionamiento de las clases ."

Como V. S. puede apreciar, la ley 2.565, cuyo finalidad es la de solucionar la deplorable situación edilicia de las escuelas públicas de la ciudad, a través de su art. 15, lejos de solucionar la ya de por sí situación desastrosa de la educación pública, empeora de manera directa y decidida la situación del mantenimiento diario de la infraestructura de los establecimientos educativos que pretende reparar . Esto resulta lógicamente contradictorio, repugna las normas constitucionales a las que hacemos referencia y violenta el principio de razonabilidad de las leyes por ser manifiestamente arbitrario, toda vez que no se cumple con la regla del necesario equilibrio conveniente o de racionalidad puesto que el "a) equilibrio de las ventajas que lleva a la comunidad un acto estatal con las cargas que le causa, b) la adecuación entre el medio empleado por el acto y la finalidad que persigue y c) la conformidad del acto con una serie de principios filosóficos, políticos, sociales y religiosos a los cuales se considera ligada la existencia de la sociedad" (Rodolfo R. Spisso "Derecho Constitucional Tributario", citado de Juan Francisco Linares "Razonabilidad de las leyes") no se verifican en absoluto y convierten a la ley en cuestión en jurídicamente irrazonable y por tanto indudablemente injusta puesto que, como sostiene Rodolfo R Spisso, "Un derecho injusto es un verdadero contrasentido."

Es por ello, que venimos a solicitar por esta vía a V.S., que remedie la situación de desamparo que la ley en cuestión ha ocasionado a través de su artículo 15, la cual incide negativamente en el normal desempeño diario de nuestro establecimiento educativo, ocasionando serios trastornos y perjuicios que sin duda redundarán, con el correr de los días, en la creación de un estado de inseguridad y peligrosidad para la integridad física y mental de nuestro hijos; declarando la inconstitucionalidad de la misma y ordenando, en consecuencia la restitución de los subsidios a la Asociación Cooperadora "John F. Kennedy".-

Encuadre jurídico de la cuestión:  Conforme los antecedentes fácticos antes desarrollados paso a continuación a esbozar las bases jurídicas del presente amparo:

La demandada, el Poder Ejecutivo de la CABA y el Ministerio de Educación de la CABA, en virtud de lo dispuesto por el art. 24 de la Constitución de la CABA, "(.)asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine. 

Organiza un sistema de educación administrado y fiscalizado por el Poder Ejecutivo que, conforme lo determine la ley de educación de la Ciudad, asegure la participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones."

     Dicha norma constitucional porteña, es complementaria del artículo 5 de la Constitución Nacional que expresa que "cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria ( .)".

     Asimismo el artículo 14 de la Constitución Nacional enuncia, entre los derechos que "todos los habitantes de la nación gozan", el derecho de aprender.

     Por su parte el nuevo artículo 75, inc. 19 se refiere a "los contenidos de las leyes de organización y de base en materia educativa: consolidar la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; asegurar la responsabilidad indelegable del Estado; asegurar también la participación de la familia y de la sociedad, la promoción de valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminaciones; garantizar la gratuidad y equidad de la educación pública estatal. " (SAGUES, Néstor Pedro "Elementos de Derecho Constitucional" ED. Astrea)

En este sentido, cabe resaltar tres principios de los establecidos por las normas superiores: a.- la responsabilidad indelegable del Estado y b.- la participación de la familia y de la sociedad. C.- la gratuidad de la educación pública estatal. En el primer principio, según se dejó asentado en el "Diario de Sesiones" (pág. 3180 y siguientes), "involucra el deber del Estado de asegurar el servicio educativo en todos los niveles y modalidades (tal como así lo asume expresamente el artículo 23 de la Constitución de la CABA comentado), mediante escuelas propias -atendiendo en forma especial a la educación básica obligatoria-. Ello implica, que el estado nacional tiene que concurrir al financiamiento de la educación en las provincias que no estén en condiciones de asegurar el servicio. (.)" Además, "el Estado debe brindar los recursos financieros suficientes para que la prestación del servicio educativo oficial sea el de mejor nivel de calidad" (SAGÜES, Néstor Pedro "Elementos de Derecho Constitucional" ED. Astrea, citas de las aclaraciones por el miembro informante de la Convención de 1994 respecto del concepto de Responsabilidad indelegable del Estado). En el segundo principio cabe aclarar que "La norma está exigiendo algún modo de intervención de los padres y del pueblo en el proceso educativo. Es una regla programática, excesivamente amplia e indeterminada, aunque de todos modos acarrea la inconstitucionalidad de las leyes reglamentarias que no implementen una modalidad razonable de participación" (SAGÜES, Néstor Pedro "Elementos de Derecho Constitucional" ED. Astrea). Y en el tercer principio cabe aclarar que, a la gratuidad y equidad de la educación pública estatal, la Convención de 1994, "quiso enunciar como directivas infranqueables y no meras orientaciones" (SAGÜES, Néstor Pedro "Elementos de Derecho Constitucional" ED. Astrea, citado del Diario de Sesiones, pág. 3181).

De modo que claramente se desprende del plexo constitucional, nacional y de la CABA, que la demandada:

  1. 1)  Es responsable, de manera indelegable, de brindar los recursos financieros suficientes para la educación pública, que, entre otros, consiste en el mantenimiento edilicio de los establecimientos educativos.
  2. 2) Es responsable de asegurar, en las leyes reglamentarias, una razonable participación de los padres y del pueblo en el proceso educativo.
  3. 3) Es responsable de asegurar, de manera infranqueable, la gratuidad de la educación pública

En cuanto a las fuentes internacionales constitucionalizadas, las mismas refuerzan las responsabilidades enumeradas, en cuanto el artículo XII de la "Declaración de los derechos y deberes del hombre", sostiene que "Toda persona tiene derecho a la educación" y que este "comprende el de la igualdad de oportunidades en todos los casos" y el "derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos"; el artículo 26 de la "Declaración Universal de los Derechos humanos" enuncia que "Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental" y en cuanto la "Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)" en su artículo 26 dice: "Los Estados partes se comprometen a adoptar las providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura (.)"

En tal sentido cabe precisar que la accionada no ha cumplido con las premisas y obligaciones legales a su cargo toda vez que, por intermedio de la promulgación del artículo 15 de la ley 2.565, suspende los mecanismos vigentes para dar satisfacción al "mantenimiento edilicio", que a su vez declara en emergencia, sin disponer una alternativa razonable y satisfactoria para evitar el continuo deterioro de la infraestructura educativa. Norma que, por las siguientes consideraciones jurídicas, resulta a todas luces arbitrarias por conculcar el principio de razonabilidad de las leyes consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional:

1)         Con fecha 19/11/2007 la Legislatura de la CABA, sanciona, no sin serios cuestionamientos de varios legisladores, la "LEY DE EMERGENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GESTIÓN ESTATAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES" Ley 2.565.- La cual fue promulgada por la Jefatura de Gobierno por el Decreto 2.108/2007 el día 19/12/2007.-

2)         En su artículo 1 "Se declara la emergencia de la infraestructura de los establecimientos educativos de gestión estatal de la CABA hasta el 31/12/2008 con el objeto de garantizar la seguridad y el desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y auxiliar de los establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles".-

En su artículo 3 inc. a) plantea como objetivo: "Reestablecer la seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios educativos" y en su inc. b) plantea como objetivo "Garantizar el suministro de los servicios básicos de electricidad, gas, agua y sanitarios a dichos establecimientos.

3)         Es decir, el Estado comunal reconoce con una ley que los establecimientos educativos públicos de la ciudad se encuentran en emergencia por no existir las "condiciones de habitabilidad" y no poder "garantizar la seguridad y el desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y auxiliar".-

4)         A pesar del reconocimiento de la situación emergencia, en la ley se incluye el artículo 15, el cual prescribe que "Durante la vigencia de la presente ley se suspende la aplicación de las Ordenanzas Nros. 42.581, 43.409, 46.243, sus modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, y de toda otra norma que se oponga o superponga a los objetivos de la emergencia de la infraestructura de los establecimientos educativos de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

5)         Las ordenanzas, que el artículo 15 suspende, autorizan al Departamento Ejecutivo el otorgamiento de "subsidios a las Asociaciones Cooperadoras Escolares reconocidas en el sistema municipal, con el propósito de desarrollar tareas de mantenimiento edilicio." (art. 1 ORDENANZA N° 42581/ CjD/ 87).-

6)         Es decir, el Estado comunal, en un solo acto, declara la emergencia edilicia y suspende los subsidios por mantenimiento de los inmuebles que considera en esa situación sin dar alternativas suficientes y satisfactorias. En otras palabras, impone limitaciones que agravan la situación que pretende solucionar.

7)         En definitiva, el estado comunal, en ejercicio de sus funciones especificas actúa, a través de la sanción y promulgación de esta norma, de manera irrefutablemente arbitraria puesto que altera de manera flagrante el principio de razonabilidad de las leyes consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional toda vez que "suprime el derecho cuyo ejercicio pretende reglamentar, incurre en irrazonabilidad o arbitrariedad, en cuanto imponga limitaciones a éste que no sean proporcionadas a las circunstancias que la motivan y a los fines que se propone alcanzar con ellas" (Linares Quintana, Segundo V. "Tratado de interpretación Constitucional" E. Abeledo Perrot, Pág. 559).-

8)         En este sentido Bidart Campos manifiesta que "la alteración supone arbitrariedad e irrazonabilidad, y como la ley no puede incurrir en tal alteración -ni tampoco, por supuesto, los otros órganos de poder en el ejercicio de sus funciones- toda actividad estatal en el ejercicio de su función debe ser razonable" y por lo tanto "en suma, la razonabilidad se controla judicialmente como contenido de todos los actos y funciones del poder; leyes, reglamentos, actos administrativos, sentencias, etc." (Linares Quintana, Segundo V. "Tratado de interpretación Constitucional" E. Abeledo Perrot, Pág. 559)

9)         Es más, como los juicios jurídicos expresados en leyes deben ser la expresión del juicio de razonabilidad, éste "sustenta que toda reglamentación debe tratar de no alterar la esencia que los derechos que regla o aplica. La inalterabilidad destaca que el derecho reglamentado debe continuar subsistiendo en forma permanente; que su existencia desaparece si su función no sirve a su contenido o función" (Linares Quintana, Segundo V. "Tratado de interpretación Constitucional" E. Abeledo Perrot, Pág. 559) 

10)    La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho al respecto que "llámense leyes de policía, de interés general o de orden público, el poder para dictarlas se halla siempre sometido a la restricción que importa la garantía constitucional, de suerte que no es permitido aplicarlas o interpretarlas de tal manera que destruyan o alteren el derecho adquirido, ni que produzcan el efecto de privar de algo que constituya una propiedad" (Fallos, 137:47).-; que "la medida de reglamentación de estos derechos deben buscarse, por un lado en la necesidad de respetar su sustancia, y por otra parte en la adecuación de las restricciones que se les imponga a las necesidades y fines públicos que los justifican, de manera que no aparezcan como infundadas o arbitrarias, sino que sean razonables, esto es, proporcionadas a las circunstancias que las originan y a los fines que se procuran alcanzar con ellas" (Fallos, 200:453)

11)    Por otra parte el artículo 15 en cuestión ha sido objeto de serios cuestionamientos dentro del mismo poder legislativo de la CABA, en el marco de su tratamiento en general y particular. Tales observaciones se pusieron de manifiesto en las intervenciones de los siguientes legisladores: Kravetz: "no estamos de acuerdo que se saquen algunas facultades a las cooperadoras" y "entendiendo que en las conversaciones previas se consensuó que algunas facultades de disposición y manejo de recursos queden en cabeza de las cooperadoras; vamos a acompañar el proyecto"; Bidonde: "Si entendemos bien la ley, consideramos que una cosa es la emergencia educativa -indiscutiblemente de infraestructura edilicia-, y otra es lo que la ley se propone: llevarse puesto todo lo que tiene que ver con el sistema de manejo de la comunidad educativa y de infraestructura edilicia. Creo que se le está restando participación a la comunidad educativa"; Parada: "bajo ningún punto de vista podemos apoyar el recorte de los subsidios"; Polimeni, quien propone "trabajar en conjunto con las cooperadoras, que son fundamentales y que han garantizado y apuntalado, sin dudas -nos consta-, el funcionamiento de las escuelas en los últimos años". (Ver versión taquigráfica que se adjunta como prueba documental con el nro. 6)

12)    Tales cuestionamientos ponen de manifiesto que no solo la norma en cuestión resulta contradictoria, y por tanto arbitraria, en lo que se refiere a la suspensión del otorgamiento de fondos para el mantenimiento de los edificios declarados en emergencia, sino también en lo que se refiere al derecho de todos los ciudadanos de la CABA a que el Estado comunal "asegure la participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones" como lo exige el artículo 24 de la Constitución de la CABA.-

13)    Como efecto de ello, cabe hacer notar que, la legisladora Gabriela Alegre ha presentado un " Proyecto de Resolución " tendiente a solicitar al Poder Ejecutivo de la CABA "Cuáles son los mecanismos previstos para dar respuesta a las necesidades de mantenimiento edilicio a partir de la sanción de la Ley 2.565, teniendo en cuenta que la misma suspende la aplicación de las ordenanzas 42.581, 43.409 y 46.243.", aclarando en sus fundamentos "que la citada ley no sólo suspende normas que hacen a la resolución de los objetivos de emergencia edilicia - objeto de la ley - sino que suspende mecanismos previstos para dar satisfacción al mantenimiento edilicio . No es menor aclarar esta diferencia conceptual. Algunas normas dejadas sin efecto apuntan a subsanar deficiencias estructurales en la infraestructura (Ord. Nro. 43.409 CO.DI.CO y Decreto 863/05) y otras a conservar dichas estructuras (Ord. Nros. 42.581, 46.243)." y que "estas medidas han creado un escenario de falta de respuestas, en tiempo y forma, a necesidades de mantenimiento edilicio que hasta la sanción de la ley 2.565 eran resueltas por las asociaciones cooperadoras a través del sistema operado por las normas suspendidas . Como ejemplo, gastos de desinfección y limpieza de tanques, compra de artículos de limpieza y de escritorio, rotura de vidrios, recarga de matafuegos, recambio de lámparas, etc." (Se adjunta copia del Proyecto de Resolución como prueba documental con el nro. 7)

14)    En este sentido también, la legisladora Liliana Gómez, presentó un proyecto de Ley solicitando: " Déjese sin efecto el articulo 15º de la Ley de Emergencia de la Infraestructura Escolar de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley Nº 2565 - BOCABA Nº 2836)." Esgrimiendo entre sus fundamentos que: "El escenario descrito evidencia la necesidad de revisar la norma dictada a fines del año pasado con el objeto que las Ordenanzas suspendidas recobren su vigencia, a fin de fortalecer el canal de participación, solidaridad y democracia en las escuelas que son las cooperadoras, pero también de solucionar los graves problemas generados por la ineficiencia del sistema de mantenimiento menor que implementó la actual gestión." (Se adjunta copia del Proyecto de Ley como prueba documental con el nro. 4)

Como podrá apreciarse todo el plexo jurídico aplicable al caso ha sido totalmente soslayado por la accionada, violentando derechos y garantías constituciones. Es por ello que V.S., llegado el momento, debe declarar la inconstitucionalidad del artículo 15 de la ley 2.565 dejándola sin efecto y condenar a la accionada a levantar la suspensión de los subsidios y, en consecuencia, devolver a la Asociación Cooperadora "John F. Kennedy" de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Sofía B. Spangerberg" (conocida como "Lengüitas") los subsidios correspondientes a este año (incluyendo las cuotas caídas), ajustando el monto a las necesidades reales de la Escuela, que permitan así devolver a la infraestructura edilicia las garantías de seguridad que hoy no tiene y transforma al edificio en un ámbito potencialmente peligroso para su uso.-

MEDIDA CAUTELAR (resolución del 23/6/2008):

I.- Que a fs. 226/242 la parte actora interpone un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución que denegó la medida cautelar peticionada en el escrito de inicio a fojas 14 vuelta y siguientes, de este expediente. A tal efecto acompaña al escrito en despacho nueva prueba documental a la luz de la cual y luego de un exhaustivo análisis, surge la convicción de hacer lugar a la revocatoria solicitada y considerar los nuevos fundamentos de hecho aportados.

IV.- Las circunstancias señaladas precedentemente, en particular, la persistencia de los problemas comunicados a las autoridades y los riesgos inherentes a los mismos, sin que a la fecha haya habido una solución debida y oportuna, sustenta la necesidad de decretar una medida precautoria. Al respecto, la amparista solicita a tal efecto se ordene la restitución del subsidio a la asociación cooperadora, el cual fuera eliminado por disposición del artículo 15 de la ley 2565, estimo conveniente en uso de las facultades que otorga el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, disponer una medida distinta a la solicitada, a fin de aventar presuntos agravios de la parte demandada con eje en un pretendido ejercicio de funciones administrativas por parte de quien suscribe. De este modo, y a la luz de los antecedentes de hecho reseñados, y advirtiendo la relevancia de las cuestiones en juego, en particular, la seguridad operacional del servicio educativo de gestión pública, habré de disponer que el Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, adopte en forma inmediata las decisiones necesarias conducentes a solucionar los problemas denunciados en los reclamos formalizados por las autoridades educativas del establecimiento. En ese sentido, he de destacar que la medida que se dispondrá no afecta la Educación ni perjudica una tarea esencial de la Administración sino que por el contrario, la medida cautelar es absolutamente necesaria para asegurar la continuidad, regularidad, eficiencia y seguridad operacional del servicio educativo de gestión pública. En otro orden de ideas, cabe señalar, que las medidas precautorias no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo agota su virtualidad (conf. C.S.J.N, Fallos: 306:2060, entre otros). En definitiva, por todo lo antes expuesto, R E S U E L V O : Ordenar al Ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proceda, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, a la adopción de todas las medidas necesarias tendientes a la realización de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el edificio sede de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "SOFÍA E. BROQUEN de SPANGENBERG". Regístrese y notifíquese

El Dr. Scarfioci ofrece su asesoramiento y patrocinio a padres y cooperadoras - en forma gratuita- para la presentación de las demandas que cada establecimiento requiera .



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