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Palermo Porro: si fumas un caño en la calle o en la plaza, La Policia Federal te detiene más rapido y vas a la carcel más tiempo que el que roba a mano armada.


Fuente:
palermonline
Sección: palermo super joda
Fecha: 30 de julio de 2008

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Pretérito pluscuamperfecto
(Antepretérito)

Hubiera o Hubiesemos sido una MIERDA DE NACIÓN. Es. Somos.

Mientras los políticos continúan masturbándole a las ideas el código penal, es decir, la ley 23.737 establece penas muy duras para los adictos.

Un adicto no es un delincuente.

Pero, los jueces Federales y locales aplican penas muy blandas a los que matan por matar, a los que violan con antecedentes reiterados y en libertad condicional, a los proxenetas que esclavizan mujeres en prostíbulos, a los evasores fiscales de más de 1 millón de pesos, y fundamentalmente a los narcotraficantes a gran escala.

En las carceles nadie conoce a ningún narco de más de 30 kilos de cocaina. Hay en las carceles por casos de drogas ilegales solo giles, perejiles, mulas y pequeños comerciantes de falopas que polulan tristes por los pasillos penitentes. Pero Narcos narcos de verdad no hay.

Esto habla muy mal de los Juces Federales de la República Argentina que deberían ser investigados por corrupción, por que es todo re obvio chabones.!!!

Esta re claro que Ustedes reciben plata de los carteles de los Narcos. Como diría un periodista de carrera Habrían recibido dineros.

A la cárcel van los perejiles.

Hay jueces federales que se sacaron 4 puntos en examenes de derecho penal en la Universidad y ahora son jueces en ejercicio!!! Todo Un desastre!!!.

Este es el país que tenemos por que somos así. Truchos.

Será el "Honorable" (es por honorarios profesionales?) Congreso de la Nación quién tendrá que debatir el tema.

Hasta tanto eso no ocurra, las fuerzas de seguridad están obligadas a denunciar ante los magistrados esta situación, que sigue siendo un delito.


La ley 23.737 que trata sobre estupefacientes, en el segundo párrafo del art. 14 dice "La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal."

Mientras tanto Cristina pone blanco sobre negro

Cristina participó de la presentación de una encuesta sobre consumo de drogas


La Presidenta estuvo en el Ministerio de Justicia, donde dieron a conocer los resultados preliminares de la encuesta nacional sobre prevalencias de consumo de sustancias psico-activas. Allí, la jefa de Estado pidió "rescatar los valores de la familia y la sociedad" y llamó a abordar el tema "desde los derechos humanos"

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó anoche a quienes "condenan al adicto" sin atender al problema personal y social y aseveró que "los que deben ser perseguidos no son los que consumen sino los que venden las sustancias".

"Hay que tener una mirada diferente hacia todas las personas con este tipo de adicciones" expresó la jefa de Estado, al tiempo que convocó a "un pacto, un acuerdo entre nosotros, en la sociedad" para "poder ayudar y ayudarnos a comprender el problema, porque si uno no lo conoce no puede formular las políticas adecuadas para solucionarlo".

No es delito tener droga para consumo personal

Pero igual marche preso. la Argentina continua gastando dineros del estado por unos porritos.

Ejemplo: Absuelven en el 2005 a Calamaro por haber dicho que se fumaría "un porrito". Estuvo 10 años procesado y el juicio oral duró un poco más de dos horas. EL FISCAL PIDIO DISCULPAS POR LA DEMORA EN LA RESOLUCION JUDICIAL.

La Sala II de la Cámara Federal ratificó que no constituye delito la mera tenencia de drogas para consumo personal si no afecta la "salud pública". Revocó el procesamiento de un joven y dictó su sobreseimiento.

En una resolución del 22 de julio, conocida hoy y a la que Télam tuvo acceso, los camaristas Martín Irurzun y Horacio Cattani consideraron "descartada" la hipótesis de que la tenencia de esa escasa cantidad de estupefaciente pudiese "trascender hacia terceros indeterminados".

En la causa se investigaba a un joven que se encontraba en la estación de trenes Hipólito Yrigoyen, de la ex Línea Roca, donde "fue observado por la policía cuando estaba sentado esperando el arribo del tren con su mano dentro del bolsillo derecho del pantalón".

Al ser requisado por los pesquisas se constató que poseía "una escasa cantidad de marihuana que, según relató en su declaración indagatoria, había comprado para su propio consumo", se explica en el fallo.

"Considerando en conjunto la cantidad de material estupefaciente que tenía el imputado y las circunstancias relatadas -dijeron los camaristas- se concluye que esa tenencia estaba ceñida a la actividad de consumo individual y privado del nombrado y carecía de capacidad para trascender hacia terceros indeterminados".

Por esas circunstancias los magistrados revocaron el procesamiento que le había dictado en primera instancia el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y sobreseyeron al joven "dejando expresa mención de que la formación de ese proceso no afectó el buen nombre y honor del que gozare"

 

Por que queremos informar. Estimados:

Salió el fallo que considera que la siembra o cultivo para consumo personal de plantas de marihuana carece de entidad suficiente para afectar la moral pública. En este caso eran seis plantas.

Va el fallo en Extenso:

C. 41.025 - 'B. R., R.' - CNCRIM Y CORREC FED - Sala I - 03/06/2008

///nos Aires, 03 de junio de 2008.//-

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- En función del recurso de apelación interpuesto a fs. 4 por el Dr. Juan Martín Hermida, corresponde revisar la resolución de fs. 1/3 por medio de la cual el Dr. Torres dispuso el procesamiento de R.B.R. por haberlo considerado "prima facie" autor penalmente responsable del delito contemplado en el art. 5, inc. a)), anteúltimo párrafo de la ley 23.737;; suspender el trámite de la causa (art. 18 de la ley 23.737), ordenar la realización de un tratamiento según lo establecido por el art. 21 de dicha normativa; y, por último, mandar a trabar embargo sobre los bienes del nombrado.-

II.- a) Se atribuye a R.B.R. haber tenido en su poder seis plantas de la especie Cannabis Sativa (marihuana);; dos de ellas, el 6 de febrero de 2007 en la calle, frente a la altura 445 de Yapeyú de esta ciudad, mientras que las restantes, el 22 de marzo de 2007 en el balcón de su domicilio -específicamente en el interior de una estructura de madera confeccionada en uno de sus extremos-, sito en Venezuela ... de esta ciudad.-

El "a quo" subsumió el hecho en la norma del art. 5, inc. a, atenuada en virtud del anteúltimo párrafo de dicho articulo, ley 23.737, pues consideró que el imputado cultivaba dichas plantas de marihuana para luego producir estupefacientes y destinarlos al consumo personal .-

b) El Sr. Defensor Oficial no cuestionó la hipótesis provisoriamente afirmada por el juzgador sino el juicio normativo realizado, por entender que traspone el ámbito de privacidad ajeno a la autoridad de los magistrados, protegido por el art. 19 C.N. Ello es así, pues la conducta de su defendido, en principio alcanzada por el art. 5, inc. a, anteúltimo párrafo de la ley 23.737, no () pone en riesgo, siquiera de un modo potencial, la salud pública y por ello no se inmiscuye en el ámbito público, es decir, el relativo a las reglas de moral intersubjetiva. Por ello, subrayó que con independencia de que se considere inconstitucional la norma o de que estime una posibilidad interpretativa plausible en función del imperativo negativo del art. 19 C.N., corresponde, según la exposición, descartar la aplicación al sub-lite de la disposición en cuestión.-

Agregó que a la luz de la reforma constitucional del año 1994 correspondía efectuar una relectura de la incriminación de la tenencia de estupefacientes para consumo personal y de las razones que dio la Corte Suprema in re: "Montalvo" -LL-1991-II, ps.870/92- para apoyar su legitimidad, problemática de aristas similares al tema que nos ocupa .-

En especial, subrayó que la afectación a la moral pública se refiere a la lesión de las reglas atinentes a la moralidad intersubjetiva perteneciente al ámbito público. Desde esta perspectiva, estimó que la siembra o cultivo para consumo personal carece de entidad suficiente para lesionar en el sentido indicado. Requirió, en consecuencia, que se disponga el sobreseimiento de R.B.R. por cuanto su conducta no encuadra en figura legal alguna.-

III.- De acuerdo con lo expuesto, la parte pretende la relectura de "Montalvo" atendiendo a las tendencias internacionales vinculadas con el derecho a la privacidad - aplicable tanto a los casos de tenencia de estupefacientes para consumo personal como a aquellos abarcados por la norma en principio aplicada a la conducta de su defendido- y a que la falacia actual de sus argumentos se revela, aun con mayor nitidez, en la aplicación de la norma al sub-lite, en cuyo marco no es posible afirmarse siquiera, según la propia lógica de aquel fallo, que la actividad de R.B.R. -consistente en tener plantas de marihuana en el balcón de su casa destinadas a consumir luego el producido- hubiese trascendido a terceros.-

El planteo sintetizado nos remite al asunto atinente a si es posible ensayar una interpretación del art. 5, inc. a, anteúltimo párrafo de la ley 23.737 compatible con la Constitución Nacional o si, en cambio, corresponde realizar el examen de adjudicación correspondiente.-

La norma en cuestión prevé la conducta de quien siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación, cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal . Como en el caso del art. 14, apartado segundo de la ley 23.737, la figura en cuestión prevé una sensible diferencia respecto del tipo básico en lo que atañe a la escala penal y al régimen de la acción, pues mientras el art. 5, inc. a) establece una pena que oscila entre los cuatro y quince años de prisión y otra de multa, la figura atenuada que nos ocupa fija un marco penal de un mes a dos años de prisión, así como la posibilidad de aplicar el sistema de los arts. 17, 18 y 21 de la ley (es decir, la posibilidad de suspender el trámite del proceso o la aplicación de la pena, la disposición de un tratamiento y, en su caso, el dictado del sobreseimiento).-

Cabe señalar que la atenuante se incorporó al cuerpo de la ley 23.737 en orden a la ley de reformas N° 24.424 -sancionada el 7 de diciembre de 1994-. En el informe del Proyecto elevado a la Cámara de Diputados por las Comisiones de Legislación Penal y de Drogadicción se dijo respecto de esta modificación que: "...Además de todo ello, se aclara el artículo 5 de la ley 23.737 para equiparar casos menores de siembra y cultivo de estupefacientes con la simple tenencia de ellos..." ("Antecedentes Parlamentarios", LL-1996-A, p. 1082), mientras que en el ámbito de la Cámara revisora la atenuante propuesta dio lugar a resabios de la discusión acerca de si corresponde prohibir penalmente el consumo de estupefacientes (ibid., p. 1117/1118).-

De acuerdo con lo expuesto, la norma analizada presenta, en principio -dada su similitud en lo que atañe a la conducta prohibida- problemas equivalentes a aquellos que hemos detectado respecto de la figura que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal , cuya inconstitucionalidad hemos declarado en diversas oportunidades (a partir de la causa N° 36.989, "Cipolatti, Hugo s/ Procesamiento" , rta. el 7 de junio de 2005, reg. N° 571-del voto en disidencia del Dr. Freiler-y por mayoría, desde de la causa N° 41.228, "Velardi, Damián J. y otro s/ sobreseimiento", 30 de abril de 2008, reg N° 400).-

En dichos precedentes se ha efectuado la relectura del holding "Montalvo" en función de la revisión del parámetro de la razonabilidad de la norma que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal y, tras partir de una concepción según la cual las acciones privadas de los hombres previstas por el art. 19 C.N. se refieren a aquellas que no ingresan en el campo de la moral autorreferente, se estimó que en virtud de las consecuencias negativas de la aplicación de la ley en orden a los fines perseguidos, se ha verificado la inadecuación de los medios en relación con aquellos objetivos y, en consecuencia, una tensión irrazonable de la libertad personal comprometida por la incriminación. En consecuencia, a la luz de los arts. 14 y 28 C.N. se declaró la inconstitucionalidad del art. 14, apartado segundo de la ley 23.737 en razón de los supuestos de "inconstitucionalidad sobrevivientes" aludidos en los fallos citados.-

Dichas razones son enteramente aplicables a la figura que reprime el cultivo, la siembra, la guarda de semillas, de materias primas o de elementos destinados a la producción o fabricación de estupefacientes, cuando tales actividades, por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, estuvieran destinadas a obtener estupefacientes para consumo personal .-

En todo el abanico de casos abarcados por la norma ni siquiera es posible aplicar algunos de los argumentos legitimantes sostenidos por la Corte Suprema de Justicia in re: "Montalvo" -por ejemplo, el problema relativo al llamado "traficante hormiga", la generación de comportamientos imitativos, o, en su caso, la lesión por la publicidad de la conducta entendida en términos de intimidad, según la lógica de los precedentes "Colavini" o "Montalvo"-.-

Sin perjuicio de ello y en lo que atañe a los posibles discursos legitimantes de la figura en cuestión, de estructura similar, según lo expuesto, a la de tenencia de estupefacientes para consumo personal , resultan de aplicación, para la adjudicación constitucional de la norma, los argumentos que en votos concurrentes hemos desarrollado al declarar la inconstitucionalidad del art. 14, inc. 2 de la ley 23.737 en los precedentes citados, a los cuales nos remitimos en lo pertinente.-

En virtud de lo que se resolverá en cuanto a la validez constitucional del art. 5, inc. a, anteúltimo párrafo de la ley 23.737, corresponde desplazar su aplicación al caso y, en consecuencia, la conducta de R.B.R. deviene atípica, por lo cual corresponde disponer su sobreseimiento.-

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

I.- DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD del art. 5, inc. a, anteúltimo párrafo de la ley 23.737, según ley 24.424 (arts. 14, 19 y 28 C.N.).-
II.- REVOCAR el resolutorio cuestionado en cuanto fuere materia de apelación y, en virtud de lo decidido en el punto anterior, disponer el SOBRESEIMIENTO de R.B.R., de las demás condiciones personales obrantes en autos, por no encuadrar su comportamiento en una figura legal, dejando constancia de que la formación del presente proceso no afecta el buen nombre y honor de que hubiere gozado el imputado (art. 336, inc. 3 C.P.P.N.).-

Regístrese, hágase saber, devuélvase el principal con copia de la resolución y, oportunamente remítase el incidente. Sirva de atenta nota de envío.//-

Fdo.: Dr. Eduardo Farah - Dr. Eduardo Freiler

Cometarios de los usuarios de Palermonline

Claudio Izaguirre

La desfederalización y la despenalización


Tanto la desfederalización como la despenalización de la tenencia de drogas, - dijo Claudio IZAGUIRRE presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina - son armas jurídicas que protegen a los vendedores de drogas, haciendo de esa actividad, una tarea equiparable a la prostitución. Donde oferentes y compradores son parte de un sistema estructurado y semioculto.

DESFEDERALIZACION:

Cuando hablamos de desfederalizar un delito - informó el activista antidrogas -, estamos diciendo que las penas federales no serán aplicadas.

Aclaramos que las penas por delitos federales NO TIENE LA POSIBILIDAD DE EXCARCELACIÓN, tampoco de cauciones de ningún tipo.

Por ejemplo, adulterar un DNI es un delito federal, que parte de la pena de cuatro años de prisión y nadie se ha molestado porque la sanción sea esa.

Un dato interesante para tener presente, es que la desfederalización en Provincia de Buenos Aires, ha sido realmente inútil, dado que el 75% de los detenidos con drogas recuperaron su libertad en la siguiente hora a su detención, convirtiendo a los vendedores de drogas verdaderos intocables, dado que se han convertido en verdaderos "toreros de la ley penal".

Cuando se habla de vendedores minoristas de drogas, no estamos hablando de pequeños vendedores, sino de homicidas que envenenan a nuestros jóvenes, pero que tiene poca cantidad de drogas en su poder.

Estos homicidas cuando son encarcelados bajo la ley federal, deben cumplir la pena desde el primero al último día sin ningún tipo de excarcelación.

Lo que realmente hace las desfederalización, es darles más amplitud de acción a estos mercaderes de la muerte de inferior escala, lo que obligará al vecino a hacer justicia por mano propia, como sucedió en Córdoba.

Debemos entender al narcotráfico con las características de una multinacional monopólica: los fabricantes o industriales, los importadores o traficantes, los mayoristas, los minoristas o comerciante, los delibery o cadetes y por último el adicto o consumidor, que en algunos casos en escalones inferiores al delibery comercializa para soportar económicamente su consumo.

La ley actual, protege al último de la cadena, al consumidor, con sanciones que van desde la pena EDUCATIVA  para el usuario, hasta la pena CURATIVA para el adicto; todo el resto de la cadena tiene pena efectiva de CARCEL, sin miramientos.

Con la desfederalización, esta cadena punitiva se pierde, dado que le da el carácter de inimputable al vendedor minorista porque es definitivamente imposible lograr probar su acto ilícito. Debe recordarse que el vendedor minorista siempre está con escasa cantidad para poder hacerse pasar por adicto en caso que se lo detenga.

DESPENALIZACIÓN:

La despenalización de la TENENCIA de drogas - remarcó IZAGUIRRE -, exime de toda pena punitiva a quien tenga drogas, sin diferenciar si se trata de un usuario, un adicto o un VENDEDOR de DROGAS.

El buscado beneficio, entonces, no es para el consumidor de drogas, sino que tal prebenda recae sobre el vendedor minorista de drogas que acostumbra a transitar con poca cantidad, por si es interceptado por la autoridad policial.

Con la despenalización de la tenencia de drogas, el ciudadano no podrá denunciar al vendedor de drogas de la cuadra de su casa y éste podrá operar sin ningún tipo de inconveniente, dado que jurídicamente quedará protegido.

Despenalizar en éste contexto social y político es firmar la partida de defunción de los adolescentes que viven en nuestro territorio. El país no tiene asistencia gratuita, los servicios de salud mental no están preparados para la magnitud de consultas que reciben hoy; imaginemos lo que se verá luego de la tan promocionada ley.

Durante lo que resta del año, deberemos soportar la andanada de propaganda a favor de la despenalización de las drogas, en los medios nacionales de comunicación impulsada salvajemente desde el gobierno nacional.

¿Que hacemos entonces los ciudadanos comunes?

Tenemos la posibilidad de filmar y fotografiar a los vendedores de drogas, ya que los ilícitos los cometen a la vista de todos los vecinos.

Esa filmación y esas fotografías se pueden subir a Internet, junto con los retratos de quienes deberían actuar para frenar a los delincuentes, como por ejemplo el Intendente de la Ciudad, el Jefe de Policía, el Juez, el Fiscal y todos aquellos que por error u omisión no pueden visualizar la comercialización de drogas.

Los vecinos debemos convertirnos en verdaderos espías y publicar nuestros hallazgos, pero además hacer participar a los medios de comunicación en esta lucha.

Debemos diferenciar el ADICTO del VENDEDOR

El adicto consume, el vendedor NO. El adicto no puede mantenerse a sí mismo. El vendedor adquiere bienes y servicios en forma lujuriosa.

La diferencia hace que podamos llegar a asestar el golpe al comerciante y entonces poder exigir a las autoridades que actúen sobre quienes deben actuar y no como se ha hecho costumbre, detener al consumidor para luego justificar un trabajo poco útil.

La erradicación de los vendedores de drogas está en manos de los vecinos que deben exigir a las autoridades, que cumplan con su obligación.

Una salida que también ayudaría es la duplicar las penas para los adictos que cometen delitos bajo los efectos de las drogas..., pero ese es otro capítulo de ésta discusión.

Ciudad de Buenos Aires, agosto 2 de 2008

Claudio Izaguirre


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